Un exvicepresidente del Constitucional, al servicio de la independencia catalana

El primer y más urgente encargo que se hizo al Consejo desde la Generalitat es el informe relativo a la consulta (según el acuerdo CiU-ERC, a celebrar a lo largo de 2014), y que debe entregarse antes de agosto. El informe ha llegado en «tiempo»: se ha publicado este lunes 14 de julio. Las ventajas e inconvenientes de fijar la fecha el mismo día del referendo de Escocia, el texto y el número de preguntas que se se deben formular y la posible reacción del Estado ante la convocatoria de la consulta, incluida una hipotética suspensión de la autonomía, son aspectos que se analizarán. «Debemos contemplar todas las hipótesis», señaló el presidente del consejo en su día.

El reparto de los pasivos y los activos entre el Estado y la Generalitat, el efecto de la independencia sobre las relaciones comerciales, la creación de un Banco Central y la seguridad interna e internacional son otros aspectos que se estudiarán en los informes. No obstante, el trabajo al que se da más relevancia alude a lo que la Generalitat define como «proceso constituyente», que recogerá aspectos como las instituciones, la doble nacionalidad, la oficialidad de las lenguas y la redacción de una «Constitución provisonal» que sirva de referente en el funcionamiento de la primera etapa del nuevo estado, antes de que se elabore un texto marco definitivo.

Posteriormente, este jurista propuso una relación con España como la que mantienen en el Benelux e idear un Consejo Catalano-Español para mantener e impulsar las relaciones entre un eventual Estado catalán y España.

Hoy mismo, 14 de julio, este órgano encargado de asesorar a la Generalitat en el proceso hacia una eventual independencia, vuelve a sacar su informe previo a la consulta del próximo 9 de noviembre y plantea nada menos que un imposible al servicio de la independencia : plantear la escisión pactada entre Gobierno, algo a lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se va a plegar, y Generalitat.