Castells admite errores en los trámites del hotel del Palau y deriva responsabilidades

Castells, que en 2006 firmó con el Palau de la Música el primer convenio para sacar adelante el proyecto del hotel, ha reconocido que el acuerdo "no se cumplió estrictamente" y que la consejería cometió algunos errores en la tramitación y en el seguimiento del proceso para asegurarse sus intereses patrimoniales. Sin embargo, ha desviado la responsabilidad en la Dirección General de Patrimonio, que dirigía Immaculada Turu -también testigo en la causa- así como en los servicios jurídicos del departamento, en los que ha dicho siempre confió.

El exconsejero ha reconocido varias reuniones y almuerzos con Fèlix Millet a lo largo del proceso -una de ellas el día siguiente de que la Fundación del Palau cediera a un promotor particular las fincas destinadas al hotel-, pero para tratar sobre Agrupación Mútua, entidad que el saqueador confeso presidía. Por ese motivo, ha explicado que Millet nunca le comentó que un promotor particular había adquirido las fincas para construir el Palau y ha asegurado que su relación con él era meramente "institucional", por lo que nunca se sintió presionado para que agilizara la tramitación del proyecto. Ayer el exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona aseguró que Millet le había insistido en el tema.

Según Castells, se limitó a firmar el convenio con Millet, sin intervenir de ningún modo en su negociación -a cargo de sus colaboradores- porque era una operación de "interés público" en la que la Generalitat ganaba una compensación económica por el cambio de usos de un edificio suyo que, sin embargo, aún no ha recibido.

Para la Fiscalía, ese primer convenio firmado por Castells con la Fundación, con un permuta de usos en que la Generalitat se quedaba con un edificio destinado a equipamientos en vez de residencial, es una de las fuentes de las irregularidades del proceso urbanístico, por lo que permaneció oculto durante la tramitación, pese a comprometer los intereses patrimoniales del gobierno catalán.

De hecho, el consejero ha reconocido que la Generalitat no se aseguró el aval necesario del promotor del hotel -que debía indemnizarla con 5,5 millones de euros-, que el convenio se firmó sin un informe previo que determinara si el cambio de usos era beneficioso económicamente para la administración y que no se publicó en el DOGC, decisiones que ha atribuido a sus subalternos.

En ese sentido, Castells ha argumentado que fue Turu quien le aconsejó la "conveniencia de la operación" y que él firmó el acuerdo dando por hecho que así era, sin estudiar el expediente, porque "si una persona velaba por los intereses de la Generalitat era la directora de Patrimonio, que nunca compraba caro ni vendía barato".

Otro de los fallos reconocidos por Castells es que se iniciara el proceso de modificación urbanística para construir el Palau sin el beneplácito de la Generalitat, pese a que así lo exigía el primer convenio que firmó. El exconsejero ha argumentado que él desconocía que habían comenzado esos trámites y, al mostrársele una carta dirigida a él en la que los exresponsables del Palau le pedían ayuda en el proceso que ya estaba en marcha, ha dicho que la misiva debió ser derivada a la Dirección de Patrimonio a los efectos oportunos, sin leerla.

Aunque en su día no fue consciente de esas circunstancias, el consejero ha precisado que Turu le dio después una explicación "razonable" a esa irregularidad que comportaba el incumplimiento del convenio: era la forma de no ralentizar la tramitación urbanística. En un incisivo interrogatorio, el fiscal ha preguntado insistentemente si firmó el segundo convenio urbanístico mientras estaba en funciones, pero Castells ha afirmado no recordar la fecha exacta de la rúbrica pese a reconocer que esa circunstancia podría ser "dudosa".

Ello ha motivado que la presidenta de la sala advirtiera al fiscal del caso, Antoni Pelegrín, de que Castells comparecía como testigo, y no como imputado, en el juicio. Esta mañana ha declarado también el arquitecto Xavier Sust, encargado del despacho Tusquets de los trámites urbanísticos del proceso, quien ha asegurado que nunca se le informó de que el constructor Manuel Valderrama había comprado las fincas del Palau, por lo que las gestiones las realizó a nombre de la Fundación.