El TSJC archiva la causa contra Núria Parlon por acoso laboral a cargos locales

El juez descarta que el cese de ambos cargos municipales fuera en represalia por colaborar en la investigación del "caso Pretoria" y concluye que Parlon, imputada por delitos contra la integridad moral, injurias y obstrucción a la justicia, no tuvo participación ni conocimiento de los cambios que afectaron a la situación laboral de los querellantes.

Por ese motivo, decreta el sobreseimiento de la causa en relación con Parlon y devuelve la investigación al juzgado de instrucción número 3 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) -que fue el que inició el caso- para que resuelva sobre el otro querellado, el gerente del municipio Fernando H., que no es aforado.

La exinterventora Maite Carol y el ex director gerente de Recursos de Alcaldía Albert Gadea declararon ante la Guardia Civil y colaboraron en la investigación del "caso Pretoria", sin que conste una relación de causalidad entre dichas declaraciones y sus ceses en los cargos que hasta el momento habían desempeñado.

En el caso de la destitución de Carol, el juez considera "lógico" que fuera destituida por la nueva alcaldesa lo antes posible dada la "anómala situación" en que se encontraba, puesto que cubría un cargo que debía ser ocupado por un funcionario de carrera.

Respecto a la "forma y ejecución" del cese -la supresión de la cerradura de su despacho, la imposibilidad de acceder a su ordenador o las gestiones para buscar a una persona con habilitación nacional que pudiera desempeñar las gestiones de Carol- no consta que participara la alcaldesa, sostiene el auto del TSJC.

En relación con Gadea, el juez cree igualmente que Parlon no tuvo intervención alguna en las decisiones que afectaron a sus circunstancias laborales, como la falta de encargos o el aislamiento en un despacho profesional de inferior categoría lleno de cajas sin desembalar.

El magistrado admite que el gerente del Ayuntamiento, el querellado Fernando H.B., celebró reuniones con personal del consistorio en las que se solicitó "un determinado comportamiento de los entrevistados encaminado a perjudicar" a Gadea, por lo que mantiene abierta la causa contra ese cargo.

Sobre el delito de injurias que se atribuía a Parlon por las declaraciones que realizó en los medios respecto a ambos ceses -en los que habló de "limpieza" en el consistorio-, el magistrado cree que la alcaldesa no pretendía menoscabar el honor de los cargos destituidos, sino "evidenciar con firmeza" su voluntad de desvincularse del anterior equipo técnico de la alcaldía.

La querella acusaba también a la alcaldesa de un delito de obstrucción a la justicia, pero el TSJC ve constatada la colaboración del Ayuntamiento de Santa Coloma en la investigación del "caso Pretoria", "sin que hayan existido represalias sobre los querellantes, sino que sus ceses han sido realizados de forma legal y reglamentaria".

En relación con esta querella, Parlon ya declaró como imputada en el juzgado de instrucción de Santa Coloma en septiembre de 2011, cuando todavía no era diputada. La causa ha sido archivada dos veces por el juzgado de instrucción, aunque la Audiencia de Barcelona obligó a reabrirla en ambas ocasiones.