La Síndica de Barcelona exige revisar la ordenanza de civismo por «estéril»

En cuanto a vivienda, para atender situaciones de emergencia como los desahucios, pide incrementar el número de pisos destinados a esta finalidad, pues las cifras actuales son insuficientes y no cubren la demanda: "Se asignan unos 20 de pisos cada mes, y la lista de espera es muy superior", ha agregado.

Las reclamaciones ante la Síndica por cuestiones relacionadas con la vivienda se han triplicado --fueron 342 en 2013-- y Vilà ha pedido cambios en el reglamento de acceso a los pisos de emergencia, ya que se ven excluidas aquellas familias sin techo que, ante su situación de vulnerabilidad, han ocupado un piso.

También ha pedido un plan de choque ya que más de 15.000 personas están inscritos en el registro de solicitantes de vivienda pública, la mitad de los cuales no alcanzan el indicador de renta de suficiencia de Catalunya, que este año se sitúa en los 569,12 euros mensuales. Ha contabilizado seis casos de familias que viven en pisos del Patronato Municipal de Vivienda que iban a ser desahuciadas por no poder pagar el alquiler, y en estos casos el consistorio ha accedido a revisar los alquileres y ha garantizado que no dejaría a ningún inquilino en la calle.

Sobre la ordenanza de civismo, ha pedido que la Guardia Urbana, en vez de sancionar a personas vulnerables por uso indebido del espacio público, comunique esta situación a los servicios sociales, y también ha considerado que hay sanciones que son excesivamente altas y "desproporcionadas", como 750 euros de multa por patinar con 'skates' en las plazas o 500 por pegar carteles con finalidad comercial.

Las quejas a la Síndica vinculadas al civismo se han incrementado en un 23%, y han pasado de 85 a 106, y buena parte de ellas hacen referencia a la ordenanza, que Vilà critica porque equipara situaciones de violencia e incivismo con otras vinculadas a la exclusión social, por lo que insta al Ayuntamiento a revisar en profundidad esta normativa.

En total, 3.741 ciudadanos presentaron reclamaciones a la Síndica, un 16% más que en el año anterior, y el 30% de ellas son por presuntas vulneraciones de los derechos sociales, y en total, se han hecho 2.570 actuaciones, un 34% más. Una de cada cinco quejas recibidas proceden del distrito de Nou Barris, y la gran mayoría de ellas están vinculadas a las consecuencias sociales de la crisis, por lo que Vilà ha pedido al consistorio incrementar los recursos para la población más necesitada y revisar el modelo de atención a este colectivo para garantizar la plena universalidad de los servicios sociales.

En medio ambiente, se ha registrado un incremento del 24% de las quejas --de 88 a 109--, la gran mayoría de las vinculadas a la contaminación acústica, y en cuanto a transporte público, ha pedido que no haya multas de entre 50 y 100 euros para aquellos usuarios del abono especial para pensionistas T-4 por no llevar encima el DNI y un documento que acredite su condición de jubilados.