El coste de la civilización

El fraude fiscal no hay manera de pararlo, porque el dinero es lo más fácil de deslocalizar, con algunas excepciones, como el caso de Mercè Pigem o de la familia Pujol. El hecho de que Obama haya tocado el silbato ante la erosión de base impositiva que provoca la práctica de grandes multinacionales estadounidenses al localizar sus sedes en países con menor fiscalidad, supone una esperanza. Porque la lucha contra el fraude fiscal será internacional o no será.

Soy partidario de las propuestas de académicos como Guillem López Casasnovas, a la sazón consejero del Banco de España, que defiende una reducción de cinco puntos de la presión fiscal para aumentar la libre disposición de dinero por parte de los ciudadanos, medida que desde la perspectiva macro facilitaría un impulso de la demanda interna por la vía del consumo en combinación con el mantenimiento de las exportaciones. Ello sin menoscabo del Estado del Bienestar, que debe ajustarse por la parte del gasto y no tanto de los ingresos por la vía impositiva indirecta, como ocurre ahora.

Evitar que sean las rentas del trabajo las grandes perjudicadas de la presión fiscal requiere cambios de largo alcance. Como rebalancear el peso de los ingresos públicos, restando peso de la imposición indirecta, que oculta la parte tributada, como ocurre con la gasolina, para dar más protagonismo a la renta directa. Unos impuestos, los indirectos, que son tremendamente injustos porque son regresivos, ya que en proporción pagan más las rentas menores.

A la espera de ese frente mundial contra el fraude fiscal para evitar la deslocalización de las rentas del capital, lo único posible es que las administraciones modula en el gasto público para orientarlo verdaderamente a quienes más lo necesitan y no al mantenimiento de una especie de barra libre universal. Sin impuestos justos no es posible la civilización.