el mentidero

Ver la viga en el juez ajeno

El esfuerzo en lanzar a la hoguera de las iniquidades a los miembros del TC resulta absurdo si luego no se piensa cumplir sus sentencias

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Pongamos toda la carne del Tribunal Constitucional (TC) en el asador». «Vuelta y vuelta con sus magistrados», entre los que se encuentra, por supuesto, una representante de CiU, pues las acusaciones de imparcialidad y catalanofobia que los nacionalistas lanzan cada vez que se dicta una sentencia contraria a su causa no son incompatibles con su lucha por encontrar un lugar bajo el sol de la judicatura española.

Así es en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde Roser Bach, esposa del consejero catalán de Justicia, Germà Gordó, es vocal, como lo fue en su día -¡qué ojo clínico!-el condenado Lluís Pasqual Estevill o el renegado Alfons López Tena, promocionados también por CiU. O, como decía antes, en el propio TC, donde Encarna Roca fue elegida a propuesta de los convergentes y secundó el rechazo unánime a la Declaración de Soberanía del Parlament. Tampoco desentona, a juicio de los soberanistas, que el Consejo de Garantías Estatutarias, esa especie de «tribunal constitucional a la catalana» que está llamado a ser estructura de Estado en una hipotética Cataluña independiente, esté compuesto por juristas con carné de partido, como bien recuerda la portavoz de Ciutadans, Carina Mejías.

De todas formas, el esfuerzo en lanzar a la hoguera de las iniquidades a los miembros del TC resulta absurdo si luego no se piensa cumplir sus sentencias. Pero a estas alturas de legislatura, las prioridades de CiU y ERC están muy claras y la decisión del letrado mayor de la Cámara Catalana de abandonar el asesoramiento de la ley de transparencia, en trámite parlamentario, para dedicar todas sus energías a recusar jueces y argumentos del Constitucional, es muy reveladora. Me pregunto qué opina ERC, que en su día se autodenominó «manos limpias» -curioso que copiara el nombre del sindicato que ahora pretende llevar al presidente Artur Mas a la cárcel por sedición-, de que el Consejo de Europa señale a Cataluña como la peor autonomía española en calidad de gobierno y le otorgue el puesto 130 en un ranking europeo de 200 regiones. Para reflexionar sobre ello ya está «The Wall Street Journal», que se ha hecho eco de los casos de corrupción que afectan a Convergència -Félix Millet y Oriol Pujol son los nombres propios-. No he visto comunicado de Presidencia de la Generalitat al respecto, siendo tan dada a reproducir artículos de la prensa extranjera en los que aparece el Ejecutivo catalán.

Solo nos queda confiar en que, a nivel gubernamental, Núria Bassols, la juez designada hace tres meses por Mas para dirigir su programa de transparencia, sea más diligente. Su sueldo, 126.000 euros al año, así lo exige. Y superar las críticas que envolvieron su nombramiento -Bassols archivó la causa judicial contra el presidente de la empresa pública Adigsa y hoy diputado de CiU, Ferran Falcó, y fue cesada por el CGPJ como directora de la Escuela Judicial por «pérdida de confianza»- también.