ABC MADRID 11-05-2004 página 4

4 Opinión MARTES 11 5 2004 ABC Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS LAS HERIDAS POLÍTICAS DEL 11- M PARIDAD POR LEY D OS meses después de los atentados de Madrid, las heridas políticas de la masacre de 192 personas en los Cercanías que se dirigían a Atocha aumentan día a día, trenzando una espiral de polémica que nos aparta dolorosamente de la reacción unitaria del pueblo norteamericano que tanto admiró el mundo tras el 11- S. La tendencia no mueve al optimismo porque se sigue insistiendo en acusar al anterior Gobierno del PP ya no sólo de imprevisión, como hizo el ministro del Interior, José Antonio Alonso, sino incluso de pasividad ante la amenaza del terrorismo islamista y, en particular, de Bin Laden, quien después del ataque contra Nueva York y Washington se refirió a Al- Andalus como tierra musulmana irredenta. Ahora se hace circular la idea de que el Gobierno de Aznar no se enteró de la seriedad de la amenaza lanzada por Bin Laden hasta que la advirtió el Centro Nacional de Inteligencia en noviembre de 2003. Idea simplemente absurda, que trata puerilmente la historia y que está desmentida por la intensidad y la extensión de la acción judicial contra las células de Al Qaida en España, cuyo territorio siempre se ha considerado por los terroristas de Bin Laden como base operativa principal en Europa, según se ha demostrado en las investigaciones sobre los atentados del 11- S. Los datos son concluyentes. En junio de 2001, antes de que Mohamed Atta dirigiera los aviones secuestrados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el juez Garzón ordenó la detención de seis miembros del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, una de las diversas organizaciones terroristas asociadas a Al Qaida. Desde entonces hasta el 11 de marzo, han sido detenidas más de cuarenta personas relacionadas con la tra- ma terrorista de Bin Laden, balance que sitúa a España entre los Estados más activos en la lucha contra el terrorismo islamista. Bin Laden, junto con otros 34 terroristas, está actualmente procesado por Garzón por convertir a España en lugar o base para el descanso, la preparación, el adoctrinamiento, el apoyo y la financiación de Al Qaida. Afirmar que, a pesar de estos datos, el Gobierno de Aznar incurrió en imprevisión o despreció el riesgo de atentados islamistas constituye simplemente un paso más en la peligrosa y malévola confusión de responsabilidades que está precediendo a la comisión de investigación. Más reprochable aún si se recuerda que hace apenas seis meses, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, el portavoz socialista se burlaba de la Operación Lago que permitió la detención de dieciséis sospechosos en Barcelona y Gerona, a los que se incautó material químico susceptible de ser empleado para la fabricación de explosivos. Las dudas iniciales sobre la naturaleza del material- -se dijo que era detergente- -dio lugar a su excarcelación. Hoy están nuevamente detenidos por orden de Garzón después de que un nuevo análisis demostrara que el material incautado servía para fabricar napalm casero. El PSOE, que descalificó las detenciones como una operación política del Gobierno de Aznar para justificar la guerra de Irak, no dudó en denominar jocosamente a los detenidos como comando Dixán El listón de las críticas al PP ha subido un poco más, tanto como necesita el PSOE para intimidar a los populares. La teoría de la imprevisión se queda corta y empieza a despuntar la teoría de la negligencia del Gobierno popular en la lucha contra el terrorismo islamista. Sube la puja contra Aznar. La Comisión de investigación, cuanto antes. L LA ECONOMÍA SE ENREDA L A inercia de la economía española es buena, como demuestran los datos de crecimiento del primer trimestre, pero empiezan a aparecer síntomas internacionales preocupantes. Las previsiones apuntan a que el precio del petróleo rondará los 35 dólares por barril durante bastante tiempo, un 20 por ciento más alto del estimado a principios de año. Parece que el tirón de la demanda asiática y las incertidumbres del abastecimiento en Oriente Próximo, la única zona con reservas probadas y capacidad de producción excedentaria, han alterado el balance de oferta y demanda. Este precio tendrá sin duda un impacto negativo en el crecimiento mundial, que se estima en unas tres décimas pero que se distribuirá de manera desigual por regiones. La dependencia energética y la falta de progreso en las reformas estructurales colocan a Europa en una situación preocupante que puede llevar a ahogar la tímida recuperación. Además, los bancos centrales de los países industrializados ya han anunciado el fin del período de tipos de interés extraordinariamente bajos. El Reino Unido ha iniciado las subidas y pocos dudan de que la Reserva Federal norteamericana le seguirá antes del verano, lo que dificultará la financiación externa y el crecimiento en Iberoamérica. El BCE puede tardar un poco más, pero eso no evitará que los tipos a largo plazo, de los que depende la inversión, recuperen niveles cercanos al 5 por ciento, sobre todo si los desequilibrios fiscales se hacen estructurales. No parece pues que flexibilizar el Pacto de Estabilidad sea la opción más adecuada para Europa, una zona con evidentes problemas de competitividad. La economía no va a darle a este Gobierno los cien días de gracia esperados y tampoco el lujo de poder dedicarse en exclusiva a los temas de largo plazo. La coyuntura no espera y no permite distracciones. A vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer la intención del Ejecutivo de promover una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de que ésta incluya la paridad de sexos en las listas que los partidos presenten a los comicios, es decir, que haya el mismo número de hombres y de mujeres en una candidatura. La idea es continuar, pero por la vía de la obligatoriedad que impone la Ley, en el espíritu que presidió el nombramiento del primer Gabinete ministerial de la era Rodríguez Zapatero, en el que hay igual número de ministros que de ministras. Es una lástima que tan entusiástica racha de nombramientos paritarios y ese espíritu igualitario se haya cortado de manera abrupta en los segundos escalones de la Administración. Sin ir más lejos, de los diecinueve delegados del Gobierno nombrados por el Ejecutivo socialista sólo dos son mujeres. Diecisiete a dos no parece mucha paridad y hace desconfiar de la sinceridad del Ejecutivo socialista en lograr, finalmente, el objetivo que dice proponerse. No se tiene demasiada autoridad moral para ondear la bandera de la igualdad, e imponer a otro partido cómo ha de confeccionar sus listas, cuando no se predica con el ejemplo. Las cuotas o la discriminación positiva (hacia uno u otro sexo) no hacen sino eliminar el mérito y la competencia por una mera característica física. ¿Y si un partido quiere incluir a más mujeres- -porque las considera las más capacitadas entre su militancia- -que hombres en su lista? ¿Y por qué no cuotas de edad? Otra de las novedades de la reforma de la Ley Electoral anunciada por Fernández de la Vega consiste en institucionalizar los debates preelectorales en las televisiones públicas Sin negar la pertinencia y utilidad social que pueden tener estas contiendas dialécticas, la medida supondría una intromisión en la autonomía que cada partido tiene para programar su estrategia electoral. Argüir un ahorro en los gastos de campaña como principal excusa es todo un alarde de ingenuidad, pues los partidos tienen muy presente los niveles de audiencia que suelen cosechar estos debates o las entrevistas a los candidatos. Ambos propósitos, inscritos en lo que podría llamarse la legislación intervencionista sólo revelan una profunda desconfianza en la sociedad, a la que el nuevo Gobierno parece considerar incapaz de evolucionar naturalmente hacia la igualdad, como viene haciéndolo, o de formarse una opinión sobre tal o cual candidato sin necesidad de asistir a un debate televisivo. Hay asuntos que no tienen por qué ser obligatorios, sobre todo si entran en rumbo de colisión con otros derechos y libertades.