ABC MADRID 10-05-2004 página 4

4 Opinión LUNES 10 5 2004 ABC Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS DE NUEVO, SANGRE EN CHECHENIA REALISMO EN PRISIÓN H ACÍA apenas unas horas que el presidente Vladimir Putin había inaugurado su segundo mandato bajo la promesa de hacer de sus ciudadanos gente libre en un país libre cuando el estallido ayer de una potente bomba en el estadio de Grozni volvía a despertar al país de su ensueño. Los fastos y el boato de las ceremonias en el Kremlin han terminado brusca y dramáticamente con la onda expansiva de este atentado en el remoto Cáucaso, como el amargo recordatorio de que en el balance del presidente ruso había una cuenta pendiente. El atentado no solamente ha segado la vida de 32 personas, sino que ha vuelto a poner en carne viva un conflicto que Putin creía haber empezado a resolver. Con el asesinato de Ajmad Kadírov los terroristas cortaban en seco el que tal vez haya sido el más sólido intento de establecer una solución de compromiso para esta región en rebeldía. La mayor parte de los clanes chechenos habían aceptado a Kadírov como presidente regional- -aun sabiendo que la postura de Moscú no les dejaba demasiadas alternativas- como fórmula para tratar de acabar con casi una década de conflicto, porque el hastío por tanta sangre derramada parecía ser lo único en lo que la mayoría de los ciudadanos chechenos y las autoridades federales rusas empezaban a estar de acuerdo. Pero ya se ha visto que en Chechenia no hay solamente una guerra entre el poder central ruso y los independentistas. A ésta se superpone otra y no menos virulenta, un conflicto civil entre los chechenos mismos, que enfrenta a los partidarios de una solución moderada que mantenga sus aspiraciones en el marco de lo que es actualmente posible, contra los militantes islámicos que pretenden imponer a toda costa un emirato teocrático a la imagen de los talibanes afga- nos. Después de tantos años de guerra sin que ninguna de las partes haya logrado imponerse sobre las demás, en Chechenia se ha formado una tupida y siniestra red de venganzas, cuentas pendientes, corrupción e intereses inconfesables, de la que ya no pueden escapar ni los unos ni los otros. Vladimir Putin ha demostrado hasta ahora que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones en momentos de crisis, y, por lo que se ha visto en sus tiempos de jefe de Gobierno y durante su primer mandato como presidente, tiene una acusada tendencia a devolver siempre los golpes con fuerza. La sucesión de condenas a este atentado que han sido enviadas desde las principales capitales occidentales le demuestra que en estos momentos goza de un amplio apoyo político por parte de Europa y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Ambas potencias han de convencerse, de una vez por todas, de las dimensiones del problema y de la urgente necesidad de interesarse y coadyuvar a su resolución. No sirve ampararse en la lejanía de las tierras caucásicas. Sin embargo, cuando Putin decía ayer que los autores de este atentado serán castigados muchos civiles chechenos tienen razones para temerse lo peor. Ojalá que lo que ha pasado con el escándalo de las denuncias de abusos por parte de soldados norteamericanos en las prisiones iraquíes pueda servirle de ejemplo al presidente ruso, viendo cómo unas simples fotografías se han convertido en la peor arma de destrucción masiva para la fortaleza moral de la Casa Blanca. Tal vez esto le ayude a comprender que si era sincero prometiendo una sociedad de libertad y democracia para todos los rusos, ha de demostrar que su fuerza reside más en la razón que en los tanques. P VOZ DE LA IGLESIA ANTO el programa electoral socialista como las declaraciones de intenciones del nuevo Gobierno confirman una injustificada e impertinente voluntad de reabrir algo así como una cuestión religiosa que no se refleja en el sentir mayoritario de la sociedad española ni, por lo tanto, en el interés público, y que se encuentra cerrada. La supresión del carácter lectivo de la asignatura de Religión en los centros públicos, la previsión de un sistema de plazos para la legalidad del aborto, la libre experimentación con embriones o la revisión del sistema de financiación de la Iglesia católica representan algo más que botones de muestra, en patente contraste con la práctica habitual del socialismo europeo, que no se define por su militancia antirreligiosa. La Iglesia española, que tanto contribuyó al éxito de la transi- T ción a la democracia, está respondiendo a esta ofensiva laicista con mesura y coherencia ejemplares. Tiende una mano dialogante a la autoridad política legítima, pero, a la vez, exige la protección de sus derechos y el cumplimiento de los compromisos contraídos en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Todo ello, desde el respeto, la prudencia, pero también la firmeza de las convicciones. Al fin y al cabo, se trata de la defensa de su derecho a proclamar su enseñanza en una sociedad que, tanto en su historia como en su realidad actual, es mayoritariamente católica, a pesar del descenso de la práctica religiosa. La Iglesia reivindica su legítimo derecho a dejar oír su voz, cosa que nada tiene que ver con un inexistente fundamentalismo. Y lo hace desde el más escrupuloso respeto a la separación entre la Iglesia y el Estado. ARA que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, pueda cumplir en esta legislatura su compromiso y el de su partido de una celda para cada preso, tal y como establece la legislación, sólo tiene dos opciones. La primera es acordar una excarcelación masiva que reduzca la actual población penitenciaria, que supera los 58.000 internos. La segunda es construir un mínimo de nueve cárceles, invirtiendo 550 millones de euros, y crear 4.500 nuevas plazas de funcionarios de prisiones. Y que el número de presos no aumente. Si la promesa hubiera quedado en el limbo electoral, no tendría ahora mayor relevancia, pero el ministro Alonso la reiteró el pasado 23 de abril, durante la toma de posesión, precisamente, de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Este departamento ya se ha apresurado a matizar que la promesa del ministro del Interior no es alcanzable ni a corto ni a medio plazo Otra vez la absurda costumbre de crear expectativas sin ningún realismo y, lo que es peor, con una sospechosa ignorancia de los problemas que se abordan, sea el famoso mando único sea el control previo de los sermones religiosos. Las ideas que subyacen a estos errores no son rechazables, sino todo lo contrario. Nadie puede discutir que hay que garantizar la coordinación policial o neutralizar los focos de captación del terrorismo islamista. Tampoco que la situación de las prisiones españolas está atenazada por la masificación, razón por la que actualmente se están construyendo cuatro nuevas cárceles. Es la torpeza con que se están planteando públicamente las intenciones del Ministerio del Interior lo que está provocando la polémica política y social, no los problemas de fondo a los que se refiere, ni siquiera los objetivos finales, pero un político como el ministro Alonso ya debería conocer el valor de la comunicación, más aún en asuntos que se le suponen de dominio personal, dada su condición de juez especialista en materia penal. La tentación ante los costes económicos del plan- -poco ajustados al criterio del vicepresidente Solbes, partidario de mantener el equilibrio presupuestario- -sería acudir a la excarcelación. Pero el aumento de presos- -tanto penados como preventivos- -responde a un incremento de la delincuencia y a una mayor eficacia policial, junto a reformas penales que han endurecido la respuesta a la criminalidad habitual. Hay que extremar la cautela si el Gobierno pretende actuar sobre esta realidad, porque los delitos menos graves son siempre los primeros en los que se piensa para hacer una política progresista en materia penal y penitenciaria, olvidando que esos delitos, por su reiteración, son la causa principal de la inseguridad ciudadana.