ABC MADRID 08-03-2004 página 4

4 Opinión LUNES 8 3 2004 ABC Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS DISCRIMINACIÓN FEMENINA A celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora es, a juzgar por la realidad de los hechos, más que una retórica conmemoración marcada en rojo en el calendario de festividades rutinarias y prescindibles, una urgente necesidad. El año pasado, con motivo de esta misma celebración, el Consejo de Ministros aprobó el IV Plan por la Igualdad de Oportunidades 2003- 2006. La presencia de la mujer en el mercado laboral ha evolucionado favorablemente en las últimas décadas, pero aún de manera insuficiente. Todavía queda mucho por hacer y pesan demasiado las rémoras del pasado. La cifra de las demandas por discriminación laboral en España se acerca a la media de cuatro por día, a pesar de que muchas veces las víctimas no denuncian las agresiones y debe hacerlo la Inspección de Trabajo. La mayoría de las causas abiertas se refieren a casos de falta de prevención de riesgos de embarazo, discriminación salarial, despidos por maternidad, acoso sexual y mobbing con finalidad de despido debido a excedencias previas por cuidado de hijos. Media aún un abismo entre la igualdad nominal o legal y la igualdad real. La conciliación entre el trabajo y el cuidado de la familia y las tareas domésticas, asumidas en la mayoría de los casos en todo o en la mayor parte por las mujeres, sigue siendo misión casi imposible. Por otra parte, existen grupos de mujeres que reivindican sus derechos lesionados, como el de las amas de casa, que aglutina a cerca de cinco millones de personas en Es- ETA MENGUANTE N las últimas décadas del siglo pasado, el terrorismo se caracterizó por su progresiva sofisticación organizativa, coherente con las necesidades de captación, preparación, propaganda y financiación, además de las aspiraciones políticas o seudopolíticas con las que daba coartada a sus crímenes. La estructura de ETA ha respondido a esta pluralidad funcional, bajo la dirección de la llamada cúpula militar que dio lugar a las diversas tramas que las Fuerzas de Seguridad y la Audiencia Nacional han ido desmantelando de forma implacable. La continuidad de las direcciones era una condición absoluta de la eficacia funcional y orgánica de la banda terrorista, así como de la fidelidad ideológica de sus miembros y grupos anejos. ETA siempre ha cuidado tener una reserva de dirigentes que entrara en acción en cuanto una operación policial descabezara la organización. Este criterio, junto con la libertad de movimientos en Francia, permitió a ETA contar con direcciones intactas durante años. Sin embargo, desde la caída de la cúpula etarra en Bidart, el Estado ha sido capaz de acortar los tiempos de las detenciones y ampliar la extensión de las mismas, hasta llegar al actual nivel de máxima eficacia. Entre septiembre de 2002 y diciembre de 2003, la dirección de ETA fue detenida en tres ocasiones. En la última fueron detenidos Gorka Palacios, número 1 de los comandos y los tres etarras situados a continuación en la escala de mando, lo que anuló la posibilidad de una sucesión inmediata. Según la información que hoy publica ABC, la dirección actual de ETA estaría en manos de una decena de terroristas, obligados al pluriempleo dentro de la estructura etarra, ante las dificultades de reclutar con garantías nuevos miembros. La desconfianza hacia los jóvenes procedentes de la kale borroka y la máxima preocupación por su seguridad está mermando la capacidad de respuesta de ETA como organización y de esto se resiente toda la izquierda abertzale y los diversos frentes que han sido ilegalizados, lo que no significa que no esté en condiciones de atentar. El fin de ETA no vendrá por la detención del último terrorista, sino por el desmantelamiento de la organización que lo pertrecha, adoctrina y financia. Este objetivo es claro para las Fuerzas de Seguridad, Tribunales y servicios de información, pero también para los poderes políticos, que ahora ven los frutos de apostar fuerte y sin complejos por el Estado de Derecho, con instrumentos como la Ley de Partidos Políticos, gracias a la cual ETA está fuera de las elecciones del 14- M. L paña, y cuyo trabajo no es ni remunerado ni reconocido en su justo valor; el de las mujeres discapacitadas, y el de las integrantes de grupos o etnias minoritarias. La paridad es un objetivo aún lejano, tanto en la presencia de la mujer en las instituciones del Estado como en las Fuerzas Armadas o en las cúpulas directivas de las empresas. España es el país de la Unión Europea con mayor diferencia de empleo entre hombres y mujeres: un 8,6 por ciento. La desigualdad salarial por idéntico trabajo se aproxima al 16 por ciento. Es cierto que todas estas cifras deben tener en cuenta la igualdad real de las situaciones, porque en ocasiones no son relevantes las cifras brutas. Pensemos en el caso de que la opción de las mujeres por una carrera o profesión sea inferior a las preferencias de los varones, cosa que con seguridad sucede en el ámbito de las Fuerzas Armadas o en las carreras y profesiones técnicas. Aún así, la discriminación es un hecho. Más que una injusta política de discriminación positiva o de cupos, lo que urge es la adopción de disposiciones legales y la mejora de los mecanismos de inspección y, sobre todo, la asunción de unas medidas educativas, pues la raíz de la discriminación no se encuentra en las leyes, sino en el ámbito de las costumbres y de las mentalidades. Ciertamente, son éstas realidades cuya transformación es más lenta y difícil, pero estamos- -seguimos- -ante un sangrante y prolongado caso de injusticia y vulneración del principio de igualdad de oportunidades. E EL RECURSO DEL MIEDO L alcance del acoso al que fueron sometidos algunos dirigentes del Partido Popular (entre ellos el vicepresidente Rodrigo Rato) durante un acto electoral en el centro de Madrid sobrepasa su inclusión en el mero anecdotario de campaña. En definitiva, y más allá de su condición de miembro del Gobierno, allí se presentaba como integrante de la lista del PP por Madrid para ofrecer explicaciones de su programa a los asistentes al acto y pedirles el voto. Que un grupo de saboteadores (es de esperar que autónomos en su toma de decisiones) liderados por un provocador profesional, se dedicara a perseguir, hostigar e intentar atemorizar a los candidatos supone una flagrante violación del derecho a la libertad de expresión y de otros preceptos esenciales, pues como representantes de un partido expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental de la participación política afirma el artículo 6 de la Constitución. Pese a la notable insolvencia (representativa, E social e intelectual) de los autores de ese acoso, cabe, no obstante, desentrañar las posibles causas que pudieran haberlo generado y que quizás se centren en el ambiente que, expelido desde determinados sectores de la izquierda, señala como una especie de anatema contra la democracia una nueva victoria del PP, tal y como vaticinan las encuestas. La emisión e intensidad de este mensaje son directamente proporcionales a las expectativas ciertas de un nuevo mandato popular y la difuminación, al menos según los sondeos, de un cambio de signo político en La Moncloa. Se llega a vaticinar todo un catálogo de calamidades ante la posibilidad de que los populares revaliden la mayoría absoluta. Es, de nuevo, el mensaje del miedo. En vez de descalificar las propuestas del programa de Rajoy, la estrategia parece dirigida a desproveer de legitimidad democrática a un partido que en las anteriores elecciones logró diez millones de votos. La táctica sería sólo una simpleza si no fuera porque puede generar efectos tan indeseables como el ayer vivido en el Retiro madrileño.