Las sospechas sobre el informe del ministro Oliart: la polémica primera versión oficial del 23-F

El 1 de mayo de 1981, ABC aseguraba: «El ministro Alberto Oliart sabía perfectamente que la explicación que estaba ofreciendo a los diputados, con las puertas del hemiciclo cerradas a cal y canto, con un texto de ‘máximo secreto’, no era ‘ni toda la verdad, ni nada más que la verdad’. Prudencias políticas y militares aconsejaban ciertos silencios, ciertos vacíos, ciertos saltos de caballo en el horario narrativo de los hechos del 23-F». Un mes y medio antes, el entonces ministro de Defensa había presentado en el Congreso el informe con la explicación oficial de lo que había ocurrido en el golpe de Estado, generando una gran polémica.

¿Por qué no convenció a todo el mundo aquella primera versión sobre el levantamiento militar contra la recién estrenada democracia? Según el informe, hecho público el 17 de marzo y discutido en el Congreso de los Diputados a puerta cerrada, el alzamiento fue algo real, fruto de la confluencia de tres iniciativas militares distintas: la de algunos generales y coroneles ultras, encabezados por el general Jaime Milans del Bosch; la del coronel Antonio Tejero y la calificada de «golpe blando» del general Alfonso Armada.

La versión del entonces ministro de Defensa defendía que la conjura fracasó, finalmente, «por su relativa improvisación, sus discrepancias internas y porque no logró ni la más mínima reacción en cadena que los golpistas prevenían en las distintas capitanías y unidades militares», apunta el historiador Luis Castro Berrojo en el artículo ‘Tres versiones sobre el golpe del 23-F… o alguna más’, publicado en la revista ‘Hispania Nova’ en 2015. Así mismo, el informe subrayaba como decisiva «la intervención de la Casa Real y la reacción del propio aparato del Estado al neutralizar rápidamente e impedir su desarrollo mediante la comisión de subsecretarios, constituida la misma noche del golpe, la Junta de Jefes de Estado Mayor y la Junta de Defensa Nacional».

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La versión oficial

Con algunos matices fruto de las posteriores investigaciones, la versión oficial de Oliart es la que ha sido sustentada a lo largo de los años por algunas instituciones como la Fundación Transición Española, que a lo largo de los años ha congregado a los políticos jubilados que intervinieron en ella y a historiadores como Santos Juliá, Juan Pablo Fusi, Pablo Martín-Aceña o Charles Powe. Sin embargo, el día que fue presentada en el Congreso –«en una sesión secreta y entre excepcionales medidas de seguridad», informaba ABC el 18 de marzo–, esta primera hipótesis no gustó a todo el mundo.

Aquel día se cernió sobre el 23-F una sombra que todavía permanece sobre algunos aspectos. ‘El informe del ministro de Defensa abre muchas interrogantes sobre el golpe militar’, publicaba ‘El País’ el 21 de marzo. El diario de Prisa hablaba de «cuestiones irresueltas» y de un documento que permitía «establecer cuáles son las lagunas más importantes en la información oficial, a la espera de su máxima aclaración en los procesos incoados». En la primera discusión que se produjo después en el Congreso sobre las conclusiones de Oliart, no pocos diputados mostraron su indignación.

Al mismo tiempo, aparecían noticias que alimentaban las dudas sobre lo que había ocurrido y quién había estado implicado. El 1 de mayo, por ejemplo, ABC contaba que Estados Unidos había desmentido las acusaciones vertidas por varios medios de comunicación de que miembros de su Gobierno habían sido sondeados por los golpistas españoles antes del golpe. Según David Nall, portavoz del Departamento de Estado, era «total y absolutamente falso». Y aclaraba: «Es posible que algunas personas implicadas mantuvieran contactos con personas relacionadas con el Gobierno por razones de su cargo antes del 23 de febrero, pero, en todo caso, jamás se mencionó el golpe. Los Estados Unidos no tuvieron conocimiento previo de la intentona».

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'Diario 16'

Por si fuera suficiente, el 30 de abril se produjo un suceso extraño que no ayudaba a disipar las sospechas sobre el informe Oliart. El titular de ABC anunciaba: ‘La Policía paró las rotativas del Diario 16 sin mandato judicial’. Y la noticia continuaba: «En la madrugada de ayer, fuerzas de Seguridad del Estado se presentaron en el periódico madrileño e impidieron la salida y distribución del diario hasta después de las siete de la mañana. El rotativo publicaba, en su primera página, con el título en grandes caracteres de ‘La conspiración’, un amplio informe sobre los preparativos del intento de golpe de Estado».

Según pudo saber esta cabecera, fue el director general de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, quien ordenó a algunos efectivos de la Policía que acudieran a los locales del periódico para detener la rotativa. Posteriormente, situaron sus coches en las puertas de la redacción para que no se procediera a distribuir los ejemplares que ya se habían impreso. Sin embargo, a las siete de la mañana, los agentes se vieron obligados a retirarse, en vista de que no había llegado el imprescindible mandamiento judicial.

Ante las quejas planteadas al día siguiente por los diputados socialistas y comunistas, que calificaron aquel secuestro de «burla para el Parlamento» y «atentado contra la credibilidad del Gobierno», el ministro del Interior, Juan José Rosón, se excusó rápidamente y de manera «lacónica», asegurando que la iniciativa había partido del juez especial encargado del sumario de los sucesos del 23-F. «Después de examinar un ejemplar habría dictaminado que se requiriera ante el juez de guardia la intervención de la jurisdicción ordinaria, al entender que alguna de sus informaciones podría ser constitutiva de delito», explicaba.

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Las preguntas

Aunque la gran mayoría de los historiadores y la sociedad española acepta a estas alturas gran parte de la versión oficial, en aquellos primeros meses después del 23-F todo fue confuso. El mismo 1 de mayo, uno de los testigos principales de aquel triste episodio de la historia de España, la periodista Pilar Urbano, señalaba en estas páginas algunas de las lagunas que, según ella, contenía el urgente informe:

«Nada se explica en él de los contactos anteriores entre Tejero-Milans, Milans-Torres Roías, Milans-Pardo Zancada, Milans-Armada... Nada de los viajes valencianos de Tejero y del propio Armada. Nada de la famosa sobremesa de Armada, en Lérida, con los socialistas Joan Raventós y Enrique Múgica. Conversación de cuya importancia da idea el hecho de que Mugica, a petición de Felipe González, redactase un informe confidencial que la Ejecutiva del PSOE hizo llegar al presidente Suarez. En ningún momento aparece tampoco el nombre del comandante de Estado Mayor, José Luis Cortina, destinado en el CESID que, el 19 de febrero por la noche, citaba a Tejero en una calle del Parque de las Avenidas, presentándose como ‘hombre del general Armada’».

En la segunda parte de las memorias que publicó en 2021, un año antes de fallecer, el ex ministro de Defensa defendía igualmente que, cuando Tejero asaltó el Congreso de los Diputados, el verdadero responsable de que fracasara fue Don Juan Carlos I. También fue el Rey quien se erigió como el piloto de aquella apasionante etapa política que oscilaba entre dos posiciones ideológicas enfrentadas. Esa era la tesis fundamental de su libro, titulado ‘Los años que todo lo cambiaron’, no muy original a estas alturas porque era ampliamente reconocida.