Sánchez, ante el problema histórico de la vivienda social en España: «Un amasijo de casas y miseria»

«Ni hace viviendas ni las va a hacer», le reprochó Alberto Núñez Feijoo a Pedro Sánzchez durante la sesión de control celebrada el martes pasado en el Senado. La bronca fue en aumento cuando el presidente del Gobierno prometió, con la vista puesta en las elecciones del 28M, construir 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa. «Es el milagro de los panes y los pisos», ironizó el líder de la oposición, en referencia a este grave problema que puede parecer reciente, pero no lo es.

El acceso a la vivienda de las clases medias y bajas con el que ahora Sánchez intenta hacer campaña electoral ya puso en problemas a Rajoy, Zapatero, Aznar y los presidentes anteriores.

A él tuvo que hacer frente antes Franco, Azaña, Primo de Rivera y los distintos mandatarios de la Restauración. Y todavía hoy, con los alquileres por las nubes y el precio de compra desorbitado, sigue levantando ampollas entre los españoles.

En el Senado, Feijoo comentó que, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, lleva anunciadas «la construcción o la movilización de más de 420.000 viviendas», pero «ninguna se ha concretado o está a disposición de los españoles». El presidente del Gobierno, por su parte, no dudó en sacar pecho y asegurar que la coalición iba a poner en marcha «la mayor promoción de vivienda pública y en alquiler asequible de la historia democrática». Pero si echamos la vista atrás, el problema viene de lejos.

Fue durante el largo reinado de Isabel II, entre 1833 y 1868, cuando se le prestó atención por primera vez. En 1853, su ministro de Gobernación, Pedro de Egaña, ordenó a los gobernadores civiles de Madrid y Barcelona que hicieran «casas para pobres» y que sus alquileres no fueran superiores a 120 reales mensuales. En 1881, durante la Restauración, se aprobó la ley sobre ‘Construcción de Barriadas Obreras’ que autorizaba al Estado y a los ayuntamientos a ceder terrenos gratuitos a los constructores para que edificaran barrios de no más de 100 viviendas, ni más de dos pisos, ni que su precio de venta fuera superior a 2.000 pesetas o 30 de alquiler.

+ info

«Un amasijo de casas»

Lo cierto es que, durante el siglo XIX, los barrios de los extrarradios de las grandes ciudades ni siquiera eran un asunto por el que se interesara la prensa. Hace un año contábamos en ABC que, hasta 1885, ningún periodista se atrevió a adentrarse en ellos para denunciar las condiciones infrahumanas en las que vivían sus vecinos. El primero fue Julio Vargas, cuyas crónicas para el diario ‘El Liberal’ sobre el desaparecido barrio de las Injurias, en Madrid, fueron el primer testimonio de denuncia del problema de la vivienda en España. El que quisiera llegar hasta allí, revelaba, tenía que «despeñarse por las violentas cortaduras del terreno hasta un ancho barranco».

Antes de Vargas había que acudir a los informes médico-sanitarios para conocer lo que ocurría en los llamados «barrios extremos» o «tenebrosos», que el periodista describía como «un amasijo de casas, miseria y horrores innombrables». En esos años, Madrid todavía estaba constreñida dentro de sus tapias, que durante años impidieron su expansión a pesar del crecimiento demográfico. Para citar un dato, a mediados del siglo XIX Londres contaba con dos millones de habitantes, por los 200.000 de la capital de España. A pesar de ello, la capital de España tenía unos índices de población muy superiores.

No hay que olvidar que, en las primeras décadas del siglo XX, se produjo un movimiento muy importante de migración desde el campo, lo que provocó una falta de viviendas en las grandes urbes, donde los vecinos más pobres terminaron por desparramarse en arrabales inmundos, sin planes de saneamiento ni atención social. Una situación que también denunciaron después figuras como Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, que provocaron un aumento de la preocupación por parte de las autoridades.

«Casas para pobres»

La mencionada ley de 1881 desembocó, dos años después, en la creación de la Comisión de Reformas Sociales y, en 1903, en el Instituto de Reformas Sociales. Sin embargo, ninguna de estas instituciones públicas conseguía solucionar el problema, tal y como denunciaba ABC en un artículo irónico publicado por Pablo J. Solas en 1904: «Compre un solar, encomiende a un arquitecto la construcción de una casa, edifique un jaulón con muchas habitaciones pequeñas, muy pequeñas, y de techos no muy altos; emplee en el inmueble cuantos materiales baratitos, procedentes de derribos, pueda, y decórelo a la moderna. Si es posible tener en cien metros cuadrados sesenta inquilinos, distribuidos entre la planta baja y cinco pisos sobre ella, el problema está resuelto. ¿Que son muy pequeñas las habitaciones? ¡No importa! ¿Que no hay apenas aire respirable? ¡Da igual! [...]. El caso es sacar buen interés al capital invertido en la edificación, que lo demás todo es cuento».

Dos años después de este artículo hubo una propuesta para otorgar subvenciones y exenciones fiscales a todas las sociedades constructoras dedicadas a los alojamientos urbanos populares. Le siguieron varios proyectos defendidos por políticos como el inventor del autogiro, Juan de la Cierva, hasta que el 12 de junio de 1911 se aprobó la famosa ‘Ley de Casas Baratas’. Esta se desarrolló en el trienio reformista del presidente del Gobierno José Canalejas, que se ocupó tanto de construir casas nuevas como de arreglar y sanear las antiguas, siempre y cuando estas cumplieran una serie de requisitos.

Los beneficiarios, por ejemplo, no podían tener más de 3.000 pesetas de ingresos en 1912. Esta cantidad ascendió a 4.000, en 1919, y a 5.000 en 1921. También se definieron fórmulas de propiedad y el permiso de establecer negocios y pequeñas industrias, siempre y cuando no fueran contaminantes ni vendieran bebidas alcohólicas. La ley también establecía una serie de medidas higiénicas, como que no podían vivir más de 40 familias por barriada y las viviendas debían tener una altura decente y contar con jardines y espacios sin edificar.

+ info

Los beneficiarios

Según explica Luis Arias González en su artículo ‘Las Casas Baratas (1911-1937), primer gran ensayo de vivienda social en España’: «A pesar de los buenos auspicios con los que nació, lo cierto es que fracasó totalmente. Las realizaciones llevadas a cabo fueron mínimas por el exceso de trabas burocráticas, la falta de participación de unos Ayuntamientos anémicos y endeudados y la exigua implicación de las entidades financieras que, con razón, no veían rentabilidad económica alguna en el proyecto. Las críticas de los partidos y órganos obreros señalaron que esta ley solo favorecía a las clases medias y a las élites proletarias».

«Sin embargo, el marco jurídico a que dio lugar será un referente constante en toda la legislación posterior y de muchas actuaciones consiguientes hasta nuestros días», añadía el autor sobre esta primera ‘Ley de Casas Baratas’ que estuvo vigente hasta 1922, cuando fue sustituida por una segunda en la que siguió primando la compra frente a los alquileres. Solo se introdujo alguna pequeña variación, pero tenía los mismos obstáculos, lo que hizo que su resultado fuera igual de desalentador.

A través de ella se construyeron poco más de 1.290 viviendas en grandes poblaciones como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla hasta 1924, pero Primo de Rivera decidió implantar una tercera ley que asumió muchos de los supuestos anteriores. El dictador estableció ayudas fijas que cubrían entre el 10 y el 20% del total del coste de la vivienda y se obligó a los Ayuntamientos a seleccionar terrenos para que ellos mismos construyeran esas casas baratas, por citar alguna de las medidas nuevas.

La República

El entusiasmo inicial, sin embargo, se fue perdiendo cuando esta tercera ley acabó, también, por mostrar sus debilidades en 1930, durante la gran crisis económica que afectó al último año de su régimen, especialmente, al sector de la construcción. Eso llevó a que se suspendieran obras y se produjera un aumento espectacular del paro, destapándose finalmente el mal uso que se había hecho de las generosas ayudas estatales, entre otras corruptelas relacionadas con el impulso de las cooperativas.

Con la proclamación de la Segunda República en 1931, se intentó incrementar la eficacia de dichas cooperativas para solucionar los problemas de la vivienda obrera, pero lo que hizo el Gobierno fue prorrogar la legislación anterior. Tan solo cambió algunos pequeños detalles referentes a la actualización de los precios de las casas o a los ingresos de los presuntos beneficiarios. Por ejemplo, propuso la creación de un Servicio de Crédito Social que ofrecería ayudas a estas sociedades.

La única medida aprobada por los republicanos, en 1935, fue la Ley Salmón, que tuvo el objetivo de fomentar la vivienda en alquiler mediante exenciones fiscales. Fue decretada durante el bienio conservador y dirigida más a las clases medias y a los empresarios que construían para alquilar que a las clases más necesitadas. A esto se sumó que la tramitación de expedientes de ayuda a las Casas Baratas se suspendió por completo. Tras el golpe de Estado y durante la Guerra Civil todavía se decretaron algunas medidas de urgencia como la rebaja de los alquileres, la ocupación de las viviendas vacías y la incautación de las casas pertenecientes al bando contrario, pero no era momento de pensar en ello.

+ info

La dictadura

Una vez concluida la guerra, durante aquel periodo de hambre y cartilla de racionamiento que fue la autarquía, más de un millón de personas abandonó su vida rural para mudarse a la gran ciudad. En un primer momento, el problema para la dictadura fue asumible, pero entre 1951 y 1960 se sumaron otros 2,3 millones de españoles. Eso provocó un crecimiento descomunal de ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao. Ante la imposibilidad del régimen de darles una salida, aparecieron en los extrarradios de estas urbes los barrios chabolistas, como Orcasitas y el Pozo del Tío Raimundo en la capital y La Mina o Verdún en Barcelona.

Franco puso en marcha una política de viviendas sociales, para la que asumió el viejo plan de la Restauración. Sus esfuerzos comenzaron el 19 de abril de 1939, cuando creó el Instituto Nacional de la Vivienda y puso en marcha tres planes: viviendas protegidas, viviendas bonificables y viviendas de renta limitada. En 1950, cuando comenzaron los esfuerzos del régimen franquista para ser aceptado por la comunidad internacional, el Gobierno calculó que en España existía un déficit de un millón de viviendas para cumplir su proyecto de «una familia una vivienda». Para afrontar este eterno problema, a mediados de los años 50, el dictador puso en marcha el Ministerio de la Vivienda.

En su artículo ‘De aquellos lodos, estos barros’, Ramón Beltrán Abadía opina: «Superada su etapa autárquica, el régimen situó las ayudas públicas a las vivienda en una posición singular, ya que sus destinatarios no fueron quienes necesitaban una vivienda para vivir, sino quienes, gracias a ellas, podían comprarlas, y, por tanto, canalizar sus ahorros personales hacia la inversión inmobiliaria. En pocas palabras, las ayudas a la vivienda no se destinaron, salvo porciones marginales, a quienes sin ellas no podían disponer de ellas, sino, indirectamente, a la industria de la construcción, a la banda y a los propietarios de suelo».

El problema continuó, con mejores y peores momentos, durante la democracia. Ningún presidente, hasta la situación actual en la que resulta difícil que los jóvenes accedan a una vivienda –sobre todo en las grandes capitales–, ha sabido solucionar el problema por completo. Sanchéz busca ahora su «milagro de los panes y los pisos» y Feijoó insiste en que «ni hace viviendas ni las va a hacer».