Pena de muerte: el secreto que revivió la República para acabar con la barbarie que sacudía España

El sueño abolicionista se materializó poco después de que el teniente Pedro Mohíno enarbolara la tricolor en un Madrid desbordado por la locura. El advenimiento de la Segunda República trajo de la mano la volatilización de una ristra de leyes entre las que se hallaba la pena capital. El 5 noviembre de 1932, la norma quedó sobre blanco: «Hemos sustituido la pena de muerte por la llamada reclusión mayor, que durará de veinte años y un día, a treinta años. Y se han suprimido además las penas perpetuas». También aumentaron las causas atenuantes y las eximientes. La idea era romper con vicios que, se decía, contaban con siglos de antigüedad.

Pero no era oro todo lo que relucía en aquella España de los años treinta.

Mientras se sucedía un debate acalorado en las Cortes sobre si la abolición debía ser total y sobre los pormenores de su jurisdicción, se vivió en el país un aumento de la violencia. De la noche a la mañana, las calles se convirtieron en un verdadero ‘Far west’; uno que no conocía de espectro político. Allá por marzo, las nuevas FE de las JONS –la Falange, en términos campechanos– se empezaban a arrimar al calor que desprendía la política de los ‘puños y las pistolas’ para ganar adeptos; lo mismo que los sindicatos de izquierdas como la UGT y la CNT.

Cada revólver disparado en las ciudades y cada puñalada sibilina contra el enemigo político supuso, en la práctica, un empujón más para recuperar la pena de muerte. El debate se reabrió pronto en el corazón político del país, y ABC dio buena cuenta de él en una infinidad de artículos publicados en 1933. Por los pasillos del Congreso se empezó a escuchar, cual susurro empujado por el viento, aquello de que hacía falta una «República de orden»; una en la que salir a la calle no supusiese un peligro para Sus Señorías. Tarea difícil. Y la situación empeoró todavía más cuando las derechas arribaron a la poltrona en noviembre y la izquierda se propuso expulsarlas a guantazos.

Tenso debate

Allá por 1934 la situación de violencia era ya insostenible. En ‘La abolición de la pena de muerte en España’, José María Sáez del Moral sostiene que, para entonces, el PSOE de Francisco Largo Caballero ya se había radicalizado hasta el extremo y que «la crispación entre los diferentes bandos políticos dificultaba los problemas de seguridad y orden público». En las ciudades, los atentados con explosivos se sucedían una y otra vez. La ola de violencia, en definitiva, «había llegado a un límite nunca antes visto». Mal asunto. La solución que encontró el gobierno de Alejandro Lerroux fue plantear una reforma del Código Penal para hacer frente a la inseguridad. Y entre los cambios estaba el regreso la pena capital. Ni una sorpresa.

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Las páginas de ABC fueron un espejo del vivo debate que se barruntaba en cada esquina. El 29 de marzo, el diario señaló que las autoridades eran las primeras que sentían «repugnancia» ante su reinstauración. Sin embargo, también arguyó que las barbaridades perpetradas en lugares como Casas Viejas –donde un levantamiento campesino acabó en sangría– obligaban a tomar cartas en el asunto. El objetivo de la nueva ley, se explicaba, serían solo los terroristas y los bandoleros que, «operando en cuadrillas, con lujo de armamento, con automóviles, con centinelas y retaguardias, suprimen la vida del prójimo». A continuación se añadía que, aunque era duro admitirlo, era plausible que las vidas que se ahorraran fueran más que las quitadas: «La compasión pública tiene que hacer sus cuentas».

Según este diario, la discusión estaba en el Congreso día sí y tarde también. A favor se hallaban políticos como Lerroux, quien, a finales de marzo, insistió en que era imperativo el regreso de la pena capital: «Es la manera de reprimir rápidamente el estado de criminalidad que se ha desarrollado y que ha culminado en los últimos dos meses con dos sucesos ya conocidos: el atraco perfectamente planeado y realizado en Barcelona, y el suceso perpetrado en Zaragoza». Aquel día confirmó también que se iba a redactar un proyecto de ley elaborado por «los ministros de Justicia y de Gobernación» y que, sobre esos pilares, se sustentaría la llegada de esta controvertida ley.

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Aunque la mayor bronca que se vivió en el Congreso se sucedió entre Largo Caballero y José María Gil-Robles. En primavera, el primero cargó contra «la derecha» al grito de que el proyecto de ley iba «contra los efectos, y no contra las causas» y que era «muy mala señal cuando un régimen tiene que apelar a este tipo de medidas extremas». Hasta aquí, todo normal. Lo que soliviantó a sus adversarios fue una frase: «Y para los malos gobernantes, ¿no se propone también esa pena?». El diputado de la CEDA respondió de inmediato: «Como la ley no tiene efecto retroactivo, el señor Largo Caballero puede estar tranquilo».

El regreso

Tras un Consejo de Ministro fugaz, los partidos terminaron el proyecto de ley. Así lo explicó ABC: «Consta el proyecto de un preámbulo, en el que el Gobierno justifica la adopción de esta medida excepcional. Le siguen tres artículos. El primero comprende los delitos de empleo de explosivos y descarrilamiento intencionado de trenes, bajo la concepción genérica de terrorismo. El artículo segundo trata de los atracos a maño armada, perpetrados por dos o más personas, y el tercero, se refiere al procedimiento. Las penas serán de reclusión perpetua a muerte, y para su aplicación se 'habrán de producir, a consecuencia del delito, muertes o lesiones’».

El punto de inflexión se sucedió en octubre de ese mismo año. El 4, miles de trabajadores se alzaron contra la República en Asturias al albor de un Largo Caballero que rechazaba la llegada de la CEDA al Gobierno. El resultado fueron una serie de ataques con dinamita contra los cuarteles de la Guardia Civil. Sangre y muerte. La República reaccionó el 6. «Tras un consejo de ministros subido de tono, el gobierno tomó medidas y llamaron a Francisco Franco para ordenarle que se encargara del restablecimiento del orden, otorgándole carta blanca para emplear los medios que creyera necesarios», explica el escritor y divulgador histórico José Luis Hernández Garvi en su ya clásica obra ‘Breve historia de Francisco Franco’ .

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La revuelta se aplacó, pero la barbarie demostrada por los revolucionarios fue la gota que colmó el vaso y el 11 de octubre se restableció la pena de muerte parcial contra delitos de terrorismo y bandolerismo. Según se publicó en ‘La Gazeta de Madrid’, a partir de entonces se acabaría con la vida del «que, con propósito de perturbar el orden público, aterrorizar a los habitantes de una población o realizar alguna venganza de carácter social, utilizara substancias explosivas o inflamables o empleare cualquier otro medio o artificio proporcionado y suficiente para producir graves daños». Y también aquel que perpetrara un robo con violencia o un homicidio. Poco después, el 2 de junio de 1935, se ampliaron los supuestos a otros delitos.