El eterno problema de las ‘casas baratas’ en España: los fracasos desde Isabel II a la Segunda República

Al igual que hoy –donde sigue siendo uno de los problemas que más preocupan a los españoles, entre la subida de los alquileres y el aumento del precio de compra–, el acceso a la vivienda de las clases medias y bajas fue un problema histórico de España al que no se le intentó poner remedio hasta principios del siglo XX, en la Restauración. Los barrios bajos de los extrarradios de las grandes ciudades ni siquiera eran un asunto que preocupara a la prensa del siglo XIX, hasta que unos pocos periodistas se atrevieron a adentrarse allí para denunciar las condiciones infrahumanas en las que vivían los ciudadanos más desfavorecidos.

El primero en hacerlo fue Julio Vargas, en Madrid, cuyas crónicas para el diario ‘El Liberal’, en 1885, sobre el desaparecido barrio de las Injurias

criticaban que el vecindario ni siquiera tuviera una entrada. El que quisiera llegar hasta su hogar tenía que «despeñarse por las violentas cortaduras del terreno hasta un ancho barranco». Y continuaba: «Lo primero que llama la atención es un arroyo de copioso caudal, cuyas negruzcas aguas repugnan a los ojos y ofenden el olfato. Al intentar descubrir el origen del hediondo vertedero y su pestilente riachuelo, uno cae en la cuenta de que son las aguas fecales de la atarjea del barrio de las Peñuelas que, tras engrosar las del alcantarillado general, se desbordan en el Manzanares por ese punto».

Dos décadas antes, tanto la capital como otras ciudades de España estaban constreñidas dentro de sus murallas, que durante décadas impidieron su expansión a pesar del crecimiento demográfico. Para que se hagan una idea, a mediados del siglo XIX, Londres contaba con dos millones de habitantes, por los 200.000 de Madrid. A pesar de ello, esta última tenía unos índices de población muy superiores. No hay que olvidar que, en las primeras décadas del siglo XX, se produjo un movimiento muy importante de migración desde el campo, lo que provocó una falta de viviendas en las grandes urbes, donde los vecinos más pobres terminaron por desparramarse en arrabales inmundos, sin planes de saneamiento ni atención social.

Antes de Vargas había que acudir a los informes médico-sanitarios para conocer algo de lo que ocurría en los llamados «barrios extremos» o «tenebrosos». Esos mismos artículos de denuncia, a los que luego se sumaron después figuras como Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, hicieron que creciera la preocupación por parte de las autoridades, que intentaron ponerle remedio. Siguiendo el ejemplo de países como Gran Bretaña y Francia, España trató de que la población más pobre pudiera acceder a una vivienda en condiciones dignas. La ‘Ley de Casas Baratas’ de 1911 fue el primer intento serio de intervención pública para aliviar las enormes carencias habitacionales de las clases populares.

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Viviendas rurales y mineras

Tal y como advierte Luis Arias González en su artículo ‘Las Casas Baratas (1911-1937), primer gran ensayo de vivienda social en España’, esta ley no surgió por generación espontánea, sino espoleada por la pésima situación de la vivienda popular y por esas campañas de denuncia: «Si bien sus frutos de esta ley no estuvieron a la altura de las amplias expectativas creadas, tampoco cabe describir este hecho como un rotundo fracaso; al fin y al cabo, el marco jurídico a que dio lugar será el referente constante, de una forma u otra, de toda la posterior legislación sobre el tema y de muchas de sus consiguientes actuaciones, incluso hasta nuestros días».

El historiador, además, no se centra en las viviendas populares urbanas, sino también de las rurales, ya fueran estas pallozas norteñas, cuevas granadinas, chozos extremeños o barracas. Y, también, en las casas de los mineros de las cuencas vizcaínas, asturianas, andaluzas y murcianas, que tuvieron que construirse chabolas de forma apresurada, a veces en la boca de mina o en algún terreno desechado, en las que llegaron al extremo de tener que compartir camas por turnos debido a la superpoblación.

Salvando las diferencias más evidentes, lo cierto es que los diferentes Gobiernos han intentado paliar la precaria situación de la vivienda en los últimos años, por lo general sin mucho éxito. Algo que ya estaba en la mente de Isabel II como si de un problema eterno se tratara. En 1853, el ministro de Gobernación de la Reina, Pedro de Egaña, ordenó a los gobernadores civiles de Madrid y Barcelona que hicieran «casas para pobres» y que sus alquileres se tasasen hasta un máximo de 120 reales mensuales. En 1881 se aprobó la ley sobre ‘Construcción de Barriadas Obreras’ que autorizaba al Estado y a los ayuntamientos a ceder terrenos gratuitos a los constructores para que edificaran barrios de no más de 100 viviendas, ni más de dos pisos, ni que valieran más de 2.000 pesetas o 30 de alquiler.

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Críticas en ABC

A raíz de este proyecto se creó dos años después la Comisión de Reformas Sociales, que, en 1903, se transformó en el Instituto de Reformas Sociales (I.R.S.), verdadera matriz de lo que fueron las ‘Casas Baratas’. En esa época, ABC ya se hacía eco del grave problema que sufría España con textos tan irónicos como el de Pablo J. Solas en 1904:

«Compre un solar, encomiende a un arquitecto la construcción de una casa, edifique un jaulón con muchas habitaciones pequeñas, muy pequeñas, y de techos no muy altos; emplee en el inmueble cuantos materiales baratitos, procedentes de derribos, pueda, y decórelo a la moderna. Si es posible tener en cien metros cuadrados sesenta inquilinos, distribuidos entre la planta baja y cinco pisos sobre ella, el problema está resuelto. ¿Que son muy pequeñas las habitaciones? ¡No importa! Así, con cuatro muebles ya están llenas. ¿Que no hay apenas aire respirable? ¡Da igual! Así se calientan en invierno las estancias con poco gasto [...]. El caso es sacar buen interés al capital invertido en la edificación, que lo demás todo es cuento».

Dos años después de este artículo hubo una propuesta para otorgar subvenciones y exenciones fiscales a todas las sociedades constructoras dedicadas a los alojamientos urbanos populares. A esta le siguieron una serie de proyectos defendidos por políticos como el inventor del autogiro, Juan de la Cierva, hasta que el 12 de junio de 1911 se aprobó, por fin, la famosa ‘Ley de Casas Baratas’. Fue en el periodo del trienio reformista de José Canalejas y se ocupó tanto de construir nuevas como de arreglar y sanear las antiguas, siempre y cuando se cumplieran una serie de requisitos.

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El primer fracaso

Por ejemplo, los beneficiarios no podían tener más de 3.000 pesetas de ingresos en 1912, que luego ascendieron a 4.000, en 1919, y a 5.000, en 1921. También se definieron fórmulas de propiedad y el permiso de establecer negocios y pequeñas industrias, siempre y cuando no fueran contaminantes ni vendieran bebidas alcohólicas. La ley, además, establecía una serie de medidas higiénicas, como que no podían vivir más de 40 familias por grupo de viviendas, que debían tener una altura decente y contar con jardines y espacios sin edificar.

«Lo cierto es que a pesar de tanto pormenor y de los buenos auspicios con los que nació, fracasó totalmente. Las realizaciones llevadas a cabo fueron mínimas por el exceso de trabas burocráticas, la falta de participación de unos Ayuntamientos anémicos y tradicionalmente endeudados y la exigua implicación de las entidades financieras que, con razón, no veían rentabilidad económica alguna en este proyecto. Las críticas de los partidos y órganos obreros señalaron que sólo favorecía a las clases medias y a las élites proletarias», explica Arias González en su artículo.

Esta primera ‘Ley de Casas Baratas’ estuvo en vigor hasta 1922, cuando fue sustituida por una segunda que siguió primando la compra frente a los alquileres, con algunas pequeñas variaciones, pero con los mismos obstáculos y un resultado igual de desalentador. Hasta 1924 se construyeron poco más de 1.290 viviendas en grandes poblaciones como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, pero en en la dictadura de Primo de Rivera se implantó una tercera ley que asumió muchos de los supuestos planteados antes por el ministro de Trabajo, Joaquín Chapaprieta, y destinados a acabar con las infraviviendas.

De Primo de Rivera a la Guerra Civil

Con ella se establecieron ayudas fijas que cubrían entre el 10 y el 20% del total del coste de la vivienda y se obligó a los Ayuntamientos a que seleccionaran terrenos para que ellos mismos construyeran esas casas baratas, entre otras medidas. «La Dictadura –añade el historiador–, con su afán populista y su política de apoyo a la protección social, basará toda su actuación en la vivienda obrera, apoyándose en tres soportes que configuraron un crecimiento espectacular de la construcción y un panorama de ayudas y facilidades como no se dio nunca hasta entonces ni se dará, siquiera, durante la Segunda República».

Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, también acabó por mostrar sus debilidades en 1930, el último año de la dictadura, durante la gran crisis económica que afectó especialmente al sector de la construcción. Eso llevó a que se suspendieran obras y se produjera un espectacular aumento del paro, destapándose finalmente el mal uso que se había hecho de las generosas ayudas estatales, entre otras corruptelas relacionadas con el impulso de las cooperativas.

A partir de 1931 se intentó incrementar la eficacia de estas cooperativas impulsadas por Primo de Rivera como forma de solucionar los problemas de la vivienda obrera, puesto que el Gobierno repubicano dispuso la continuidad de la legislación anterior, salvo en algunos pequeños detalles referentes a la actualización de los precios de las casas o a los ingresos de los presuntos beneficiarios Por ejemplo, propuso la creación de un Servicio de Crédito Social para ofrecer ayudas importantes a las cooperativas.

Sin embargo, durante la Segunda República, la única medida aprobada fue la Ley Salmón en 1935, con el objetivo de fomentar la vivienda en alquiler mediante exenciones fiscales. Esta, no obstante, fue decretada en pleno bienio conservador y dirigida más a las clases medias y a los propietarios que construían para alquilar. Pero, finalmente, se acabó suspendiendo la tramitación de expedientes de ayuda a las Casas Baratas. En la Guerra Civil todavía se decretaron algunas medidas de urgencia como la rebaja de los alquileres, la ocupación de las viviendas vacías o la incautación de las viviendas de los partidarios del golpe de Estados de Franco y compañía, pero ya no había nada que hacer.