Varias de las víctimas del desatre de Bhopal, en una foto de diciembre de 1984
Varias de las víctimas del desatre de Bhopal, en una foto de diciembre de 1984 - afp

Bhopal, la «gran cámara de gas» de Union Carbide

Treinta años después, la multinacional estadounidense que liberó 40 toneladas de gas tóxico en la India y mató a 22.000 personas no ha sido juzgada

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«Más de cuatrocientos fallecidos por una fuga de gas tóxico en la India», decía una pequeña reseña publicada en ABC, el 4 de diciembre de 1984. Explicaba escuetamente que como esta «sorprendió a la mayor parte de los habitantes de Bhopal en sus casas, algunos de los cuales fueron hallados muertos en sus camas». Eran solo los primeros datos llegados a la redacción sobre los efectos de las 40 toneladas de isocianato de metilo (MIC) liberadas por una planta de pesticidas de la multinacional estadounidense Union Carbide, que provocó el mayor accidente industrial jamás visto.

«Hoy la situación de las víctimas es peor que la de la mañana del desastre»

La nube tóxica formada sobre la ciudad «quedó convertida en una gran cámara de gas», de cuarenta kilómetros de longitud, de la que sus habitantes no pudieron escapar. Los datos pronto lo constataron: 1.100 fallecidos el segundo día, más de 1.200 el tercero, 2.500 el cuarto y cerca de 10.000 una semana después. Las noticias lo calificaron como «la mayor catástrofe ecológica de la historia», sin que hubiera un artículo en el que no se añadieran la coletilla de « la gente sigue muriendo».

Pocas semanas después, las víctimas mortales llegaron a 22.000. A estas hay que sumar otras 600.000 personas que sufrieron graves secuelas que aún hoy, en el 30 aniversario, no han desaparecido de la población. Más de 150.000 habitantes de Bhopal sufren en la actualidad enfermedades crónicas derivadas de la exposición al MIC, así como problemas respiratorios, ceguera, cánceres, desórdenes genitales o minusvalías psíquicas o físicas.

La negligencia

Una de las teorías más aceptadas sobre lo ocurrido es que los responsables de Union Carbide no tomaron las debidas precauciones durante las tareas de limpieza y mantenimiento de la planta. Más tarde, se demostró que la multinacional estaba al tanto de los problemas de seguridad en las instalaciones desde varios años antes, sin hacer nada. Continuó almacenando grandes cantidades de MIC, altamente tóxico, sin seguir los procedimientos adecuados. Y además, no puso en marcha el plan de emergencia para advertir a las comunidades locales de que se había producido un escape peligroso.

«Vi a miles de personas tiradas. Algunos gemían, otros lloraran y muchos jadeaban»

Nada más producirse, la nube tóxica fue arrastrada por el viento, en primer lugar, hacía los poblados chabolistas cercanos a la fábrica, y en segundo, al resto de la ciudad. Se desplazaba, causando mayor daño aún, a ras de suelo, ya que los gases eran más densos que el propio aire. «En plena noche, decenas de miles de personas con agudos problemas respiratorios y muchas de ellas cegadas por los efectos del gas, huyeron despavoridas», contaba ABC. Esto provocó escenas caóticas y nuevas víctimas mortales a causa de los accidentes de tráfico.

Las calles pronto se llenaron de cadáveres de hombres, mujeres, niños y animales, que sembraban unas tierras que quedaban seriamente contaminadas por las sustancias tóxicas y los metales pesados para los años venideros. «Vi a miles de personas tiradas. Algunos gemían, otros lloraran y muchos jadeaban», explica el doctor D.K. Satpathy en un informe de Amnistía Internacional. La mañana del 3 de diciembre de 1984, él y otros médicos llamaron a Union Carbide desesperados para pedir información sobre algún tipo de tratamiento, pero los funcionarios de la compañía les dijeron que aquel gas no provocaba más que una leve irritación, aconsejándoles no administrar ningún medicamento.

Prófugos de la justicia

Tras el accidente, la planta química fue abandonada y Union Carbide no respondió por los daños causados. Warren Anderson, a quien las asociaciones de apoyo a los afectados consideran el principal responsable, fue detenido inmediatamente después del accidente, tras personarse en Bhopal. Fue acusado de «homicidio culpable», pero, tres días después, lograba salir del país en circunstancias poco claras. La Justicia redujo después los cargos contra él a «muerte por negligencia». Jamás cumplió ninguna condena, pues el exdirectivo estuvo prófugo hasta su muerte, que se produjo el pasado en septiembre a los 92 años.

Las víctimas reclaman 8.100 millones en concepto de indemnizaciones

Union Carbide se negó siempre a revelar detalles críticos sobre la composición del gas y su efecto en las personas. Una información que hubiera sido vital para proporcionar un tratamiento eficaz a las futuras generaciones.

En 1989, Dow Chemical adquirió buena parte de los activos de la compañía, a quienes las autoridades indias exigen hoy 1.200 millones de dólares. Las víctimas, por su parte, reclaman 8.100 millones en concepto de indemnizaciones. Pero ni el Gobierno ni la población de Bhopal ha logrado nunca que se haga justicia, pues la empresa niega toda responsabilidad y afirma que adquirió Union Carbide cuando ya se habían pactado indemnizaciones de 470 millones de dólares con el Estado indio.

Nuevas víctimas del desastre de Bhopal

«Hoy, en muchos sentidos, la situación de las víctimas es peor que la de la misma mañana del desastre», asegura Satinath Sarangi, fundador del Grupo de Información y Acción de Bhopal. El número de afectados por el vertido tóxico no deja de crecer tres décadas después. «Todos los días nacen nuevas víctimas del desastre, que sufren de por vida problemas de salud», aseguró hace poco Baskut Tuncak, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y desechos tóxicos. Habla de la tercera generación de niños nacidos con malformaciones, retraso mental o sordera, debido a que sus progenitores estuvieron en contacto con el gas o han consumido agua contaminada.

Tarun Thomas, administrador de un centro de rehabilitación infantil de la organización Chingari Trust, que se encuentra a 500 metros de la fábrica, explicó a EFE que, en la actualidad, tienen registrados a unos 700 niños con deficiencias producidas «por el consumo de agua contaminada por el desastre o por transmisión genética de los padres afectados». Una de las reivindicaciones de las organizaciones de derechos humanos es que se retiren las 350 toneladas de residuos tóxicos que están enterrados en el lugar donde estuvo la fábrica de pesticidas, y que ahora es propiedad del Estado. Pero ni aun así consiguen nada.