Las imputaciones de Cotino y Grau impiden a Fabra centrar la agenda en la economía

Fabra pretendía esbozar los datos en materia de empleo y las previsiones de organismos como el BBVA o Hispalink en materia de recuperación económica durante la sesión de control a la que se someterá el jueves en las Cortes Valencianas.

El objetivo del presidente de la Generalitat pasaba por dar un viraje a la agenda política tras dos semanas sin comparecer en el Parlamento, durante las cuales se han conocido informes que sitúan a la Comunidad Valenciana a la cabeza del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español a partir del próximo año; o los propios datos del paro, que revelan que la región lidera la reducción del desempleo y el aumento de afiliados a la Seguridad Social a nivel nacional durante el último ejercicio.

Sin embargo, en el mismo periodo el goteo de casos de supuesta corrupción en las filas populares –y la imposibilidad de aplicar en todos ellos la «línea roja» que establece la tolerancia cero con los imputados– han dado al traste con los planes de Fabra, que esta semana pretende cerrar los relevos de los presidentes de los puertos de Valencia, Rafael Aznar, y de Alicante, José Joaquín Ripoll, ambos implicados en causas judiciales relacionadas con la corrupción. Aunque Juan Cotino dejó hace un mes la presidencia de las Cortes y su acta de diputado, la imputación de una figura clave en el devenir del Partido Popular valenciano durante las dos últimas décadas sacudió ayer los cimientos de la formación.

Cotino ha sido citado a declarar el próximo 28 de noviembre por el juez de la rama valenciana del caso Gürtel que investiga la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) para la cobertura de la visita del papa a Valencia en 2006. La citación de Cotino en la causa que indaga si se produjeron los delitos de cohecho y prevaricación se produce tras la petición de la Fiscalía. Junto al expresidente del Parlamento autonómico –que siempre ha negado los hechos que se le imputan– han sido citados a declarar los antiguos directivos de RTVV Vicente Sanz, José Llorca y Juan Prefaci.

Mientras el grupo popular y los de la oposición han planteado para esta semana preguntas relacionadas con la evolución económica o presupuestaria, el caso de Cotino se suma a la imputación, conocida la pasada semana, de Alfonso Grau en el caso Nóos, lo que mantiene el debate de la corrupción en el epicentro de la agenda política en la región.

Además, tanto EU como Compromís llevarán al pleno cuestiones relacionadas con el cierre de RTVV (que el día 29 cumple un año del fundido a negro de las emisiones), lo que hará inevitable que la causa por la visita del Papa entre en el debate. En este contexto, el «número dos» de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia dejó claro ayer que no va a presentar su dimisión a pesar de las directrices marcadas por la dirección regional del PP. Al respecto, Grau argumentó que «la línea roja de Fabra es respetable, pero yo tengo la mía».

Para el vicealcalde de Valencia (que sí se complica repetir en la candidatura de los comicios locales de 2015), «no hay más acusación que la del grupo municipal socialista, a quien mi presencia estorba», según sostuvo ayer en rueda de prensa. Grau incidió en que la Fiscalía no solo no le acusó sino que rechazó el recurso del PSPV que pedía de nuevo su imputación y que ahora ha sido estimado por la Audiencia Provincial de Mallorca.

«No he tenido nunca trato alguno con el Instituto Nóos ni he mantenido nunca conversación alguna de quien les representaba», defendió Grau, quien insistió en que tiene la «absoluta tranquilidad de conciencia y certeza» de que ninguna de sus acciones ha sido contraria a derecho «en ningún momento».

Alfonso Grau cuenta con el respaldo explícito de la alcaldesa de Valencia para decidir su futuro político cuando lo estime oportuno.