La Lomce prioriza la «demanda social»

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La Ley educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert abre la puerta a nuevos colegios concertados

La tendencia en las solicitudes de los padres a la hora de escolarizar a sus hijos se decanta del lado de la concertada. En los últimos años, la solicitud de plazas en centros concertados ha comenzado a superar la de los públicos.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) señala en su artículo 116 que «el concierto educativo tendrá una duración mínima de seis años en el caso de Educación Primaria, y de cuatro años en el resto de los casos».

Al margen de dar mayor margen temporal a los conciertos educativos, la legislación vigente también contempla por primera vez que los colegios puedan concertarse simplemente en función de la «demanda social».

Nuevos conciertos

Esta redacción del texto de la ley supone que el espíritu con el que se crearon los conciertos educativos en la Comunidad Valenciana se ve ciertamente superado, ya que si entonces se destinaban a zonas donde existía una carencia de oferta de plazas públicas, ahora se va más allá.

Si la demanda por parte de las familias es superior a la de los colegios públicos, se pueden establecer más convenios educativos por parte de la Administración autonómica.

Esta es una de las fuentes de conflicto entre los dirigentes del PPCV y los del hipotético futuro tripartito en la Comunidad Valenciana, ya que los primeros defienden esa libertad de los padres a la hora de elegir –y que ya se ha concretado en el establecimiento de los distritos únicos, como sucederá en la ciudad de Valencia durante el próximo curso escolar–.

La otra consecuencia de la nueva legislación educativa en España es la de los denominados centros de iniciativa social, que permite la construcción de un colegio concertado sobre suelo público.

Esa colaboración permitiría que, en aquellas zonas donde existe una demanda social superior para la educación concertada respecto a la pública, fuera la iniciativa privada la que asumiese la construcción del centro educativo a cambio de un convenio con la administración de hasta 75 años.

Valencia y Torrente serán los dos primeros municipios en albergar centros de estas características. Ambos consistorios están presididos en la actualidad por alcaldes del PP que gobiernan con mayoría absoluta. Dos parcelas que suman más de 20.000 metros cuadrados en Nou Campanar (en el caso de la ciudad de Valencia) y el Canal (en el caso de Torrente) albergarán en el futuro estos dos centros.