Colombia vota hoy dar o no barra libre bajo el mar a los cazatesoros

Hoy el debate volverá al Congreso. De aprobarse antes de la fecha límite -16 de junio de 2013- Colombia podrá contratar de manera directa a compañías expertas en exploración submarina para que busquen, rescaten y se beneficien económicamente de los naufragios . El argumento es el siguiente: Colombia no tiene ni la tecnología, ni los recursos para hacer ese tipo de exploraciones. Esta ley permitirá rescatar sus riquezas sumergidas y aprovecharlas. En contraprestación, las transnacionales que encuentren los buques hundidos recibirán un 50% del valor del objeto porque esta ley permite el criterio de «repetición». Es decir, si una exploradora halla lingotes de oro, el Gobierno puede conservar algunos y el resto, por ser repetidos, usarlos como forma de pago a la empresa rescatista.

«Se está manejando el tema como si fuera petróleo . El Estado otorga una concesión sobre el patrimonio cultural sumergido y una vez sacan lo que les sirve, destruyen información valiosa para la humanidad», explicaba a este diario Carlos del Cairo , antropólogo y arqueólogo, director de la Fundación Terra Firme , entidad que desde el 2006 lleva la batuta en investigación académica sobre la riqueza cultural e histórica sumergida en Colombia.

Para Del Cairo, el estudio de un naufragio permitiría conocer las técnicas de construcción de los barcos de antaño, saber sobre la vida cotidiana de los marineros e incluso documentarse sobre la llegada de los esclavos africanos a Colombia. « Se habla de más de mil naufragios en Colombia pero eso no se ha comprobado. Nosotros hemos documentado 200. Hay chalupas, hay barcos negreros, hay asentamientos prehispánicos, hay restos de fortificaciones. Esa información se puede resucitar y llevarla a un museo, o escribirla en un libro. Hay que preservarlos». El por qué es sencillo: cuando los objetos de metal, cerámica o madera llevan muchos años bajo el agua, se adaptan y permanecen intactos. Pero cuando los objetos se sacan del mar, se destruyen.

Del Cairo y su equipo han logrado desmitificar el tema de tesoros sumergidos mediante planes de sensibilización con buzos, comunidades y funcionarios públicos. En Tierra Bomba, por ejemplo, una isla de pescadores cercana a Cartagena de Indias donde se produjeron varios naufragios, Terra Firme logró hacer un Museo Comunitario marítimo con varios elementos que habían recuperado los pescadores de la isla. «Habían sacado un cañón. Lo iban a vender a 15.000 dólares a coleccionistas privados. Tras la campaña logramos concientizar. Localizamos diez sitios históricos, hicimos un mapa turístico», agrega. El esfuerzo valió la pena. «Cuidemos nuestros sitos históricos –escribió Héctor Manuel Caraballo, un niño de 13 años habitante de Tierra Bomba- para que el día de mañana no sólo le podamos contar la historia a nuestros hijos sino también mostrársela».

Terra Firme y los contradictores de la ley insisten en respetar los tratados internacionales como la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido la cual establece que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua -desde una vasija hasta un lingote de oro- es patrimonio, pertenece a la nación respectiva y no puede ser comercializado. El acuerdo, ratificado hasta ahora por 40 países -Colombia no se ha sumado -, establece que las riquezas sumergidas no se venden y que sólo los gobiernos pueden acceder a ellas con fines científicos y divulgativos. Los cazatesoros piensan distinto. Quieren el oro, no la historia.