Cultura

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Colombia debate una ley que supondría cumplir el sueño de los cazatesoros

Contra el criterio de Unesco y la arqueología trabajarán con empresas de EE.UU. y les pagarán con monedas y lingotes de oro y plata

Día 13/11/2012 - 11.49h

Colombia es uno de los países del mundo que más naufragios tiene en sus aguas territoriales. Se calcula que hay más de mil barcos sumergidos –del millón de navíos hundidos en los mares del mundo, según la Unesco- con tesoros, riquezas, el Dorado, a fin de cuentas. Todos los gobiernos colombianos han querido regular lo que conoce como el patrimonio sumergido y hacer algo con ello. Y no han podido.

Debate inminente

Desde la semana pasada el tema está que arde de nuevo pues se comenzó a discutir en el Congreso un proyecto de ley _ el No. 125 de 2011 - que pretende reglamentar este patrimonio. La congresista ponente, Juliana Carolina Londoño, afirma que "el proyecto es una iniciativa que busca que tanto navíos pequeños, como gigantescos, que puedan enriquecer el patrimonio cultural de los colombianos, sean bienvenidos”, dijo. Pero a Londoño le han caído rayos y centellas. Cuando en Colombia se ha hablado de rescatar tesoros, barcos, pasado, patrimonio hundido, los unos hablan de cazatesoros y de empresarios que se quieren enriquecer, los otros de hacer algo con ello y la mayoría no sabe qué hacer con lo que está bajo el mar.

“Existe la idea de que los naufragios guardan verdaderos tesoros, calculados, en algunos casos -como en el del San José, cargado con alhajas y riquezas procedentes de Perú-, en más de una decena de miles de millones de dólares”, explicaba el consultor Gonzalo Castellanos, en su libro Régimen jurídico del patrimonio arqueológico en Colombia.

El ministerio colombiano de Cultura

El Ministerio de la Cultura se ha hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué no aprovechar esta riqueza? Se ha propuesto contratar de manera directa a compañías expertas en exploración submarina para que busquen, rescaten y, eventualmente, se beneficien económicamente de los naufragios. Con aquello que no fuera considerado de valor patrimonial se les pagaría a los contratistas.

El dilema es que la Constitución de Colombia protege el patrimonio como algo con lo que no se puede comerciar. Pero hay una grieta abierta en 2003 con el llamado «criterio de repetición» que, aplicado en esta ley, otorgará a una comisión la capacidad de desproteger lingotes y monedas que se presenten muy repetidas en el pecio explotado para que los cazatesoros dejen una muestra a cargo de las autoridades con destino a museos y puedan cobrarse con el resto. Al 50% con el Estado, según la vieja receta de Robert Marx.

Según lo ha explicado la Ministra de la Cultura, Mariana Garcés, Colombia es un país que carece de la tecnología y de los recursos para hacer ese tipo de exploraciones. Esta ley que se está discutiendo supondría la única forma que tiene Colombia de rescatar sus riquezas sumergidas.

Los críticos hacen eco del carácter mercantilista de la ley y cuestionan la posibilidad de pagarles a estos con parte de lo rescatado. Tratados internacionales como la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido establecen que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua -desde una vasija hasta un lingote de oro- es patrimonio, pertenece a la Nación respectiva y no puede ser comercializado. El acuerdo, ratificado hasta ahora por 40 países -Colombia no se ha sumado -, establece que las riquezas sumergidas no se venden y que sólo los gobiernos pueden acceder a ellas con fines científicos y divulgativos. El documento ha sido suscrito por casi todos los países latinoamericanos y del Caribe, pero países como los EE. UU. y el Reino Unido se han abstenido de firmarlo, como una forma de proteger el negocio de las exploradoras. Ello no ha evitado a ambos países notorias polémicas judiciales y prácticas económicas dudosas, como ha publicado ABC con respecto a la Hacienda británica. No solo España ha sufrido sus expolios. Se da la circunstancia de que Colombia derrotó el pasado octubre a los cazatesoros de Sea Search Armada, en un litigio que ha durado desde 1982 por los derechos del galeón «San José».

A medias con los cazatesoros

“Hay un criterio mercantilista en esta iniciativa que se opone a lo dicho en la Constitución, que dice que debe preservarse el patrimonio como inajenable e imprescriptible y que este no se puede transar. Esta iniciativa abre la posibilidad de que sea comercializado y le abre las puertas a los posibilidad para los caza tesoros”, aseguró la semana pasada el congresista Wilson Arias, del partido opositor Polo Democrático Alternativo (PDA). Según Arias, en el proyecto de ley queda estipulado que las transnacionales que encuentren los buques hundidos recibirán un 50% del valor del objeto. “Deberíamos sentir vergüenza por estar discutiendo semejante proyecto”, remató.

Académicos consultados por este diario comparten la preocupación de Arias. Lo que más les preocupa es un artículo de la ley que habla del criterio de “repetición”. Y este criterio es la cualidad de un bien o conjunto de bienes, de características similares “que tuviese valor de cambio o fiscal, tales como monedas, lingotes de oro y plata o piedras preciosas en bruto”. En otras palabras: si una exploradora hallase lingotes de oro, el Gobierno puede conservar algunos y el resto, por ser repetidos, usarlos como forma de pago a la empresa rescatista.
La Fundación Terra Firme, una entidad sin ánimo de lucro que, mediante un convenio de cooperación con el Ministerio de Cultura, ha trabajado desde el 2006 en la elaboración de un mapa arqueológico de la riqueza cultural e histórica sumergida en Colombia, ha sido clara en lo inconveniente del criterio de repetición. Según Tierra Firme en los tiempos de la corona no había manera de acuñar las monedas, por lo tanto ninguna es igual a la otra, lo mismo sucede con los lingotes de oro.  “Lo que se debe fortalecer, son las estrategias de preservación como los museos in situ, que están presentes en la mayoría de países del mundo”, propuso Carlos del Cairo Hurtado, director de la Fundación Terra Firme. “Si se aprueba este proyecto, que seguro va a estar demandado por inconstitucionalidad, mientras sale el fallo va a haber un bache de tiempo en que las empresas caza-tesoros van a suscribir contratos por 10 ó 20 años en unas áreas extensas del mar colombiano que ellos van a usar para explotar nuestro patrimonio”, agregó. Habrá que ver qué pasa esta semana. Lo más seguro es que por octava vez la ley se hunda.

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