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C. Valenciana / ACABA EL JUICIO CONTRA HERNÁNDEZ MATEODENUNCIAN UNAS ESCUCHAS PRESUNTAMENTE ILEGALES

El fiscal mantiene la petición de tres años para el exalcaldeEl TSJ investiga a la juez del «caso torturas» de Torrevieja

Día 01/11/2012

La Fiscalía mantuvo ayer la petición de tres años de cárcel para el exalcalde de Torrevieja y diputado en las Corts Valencianes Pedro Ángel Hernández Mateo, por crear «una obra maestra falsaria con una sola fatalidad que ha sido descubierta» en la adjudicación de un contrato de basuras en 2004.

Durante la última jornada del juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la defensa reclamó por su parte la absolución de Hernández Mateo, al negar que hubiera «ninguna tacha de ilegalidad en su actuación». El juicio quedó ayer visto para sentencia con la presentación de las conclusiones definitivas de las partes. La acusación popular -ejercida por Los Verdes- reiteró su petición de nueve años de inhabilitación por prevaricación y cinco años de cárcel por falsedad, al sostener que todo el proceso de contratación ha sido «un montaje urdido y orquestado de principio a fin por el acusado».

Hernández Mateo está acusado de los delitos de prevaricación en la adjudicación de la contrata de basuras, así como del delito de falsedad documental. Tanto el fiscal como la acusación plantearon ayer como alternativa de condena la falsedad imprudente grave.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) está investigando a la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja, Iris Valero, por ordenar unas escuchas telefónicas que podrían ser ilegales. El TSJCV ha recibido una querella contra las escuchas autorizadas por Valero al teléfono del abogado Luis Alabarce, que se prolongaron entre noviembre de 2009 y febrero de 2010, al parecer, para conocer el número de terminal de un sospechoso en una investigación por tráfico de drogas.

El querellante califica la intervención de la magistrada como una «injerencia sin fundamentar en la vida, intimidad y profesión de las personas». Así, considera que supone un «ataque a los valores mas básicos del Estado de Derecho y de la abogacía», y «expone a todos sus clientes cuyas conversaciones han sido escuchadas sin limitación de ningún tipo ni pulcritud o control».

No es la primera vez que la juez está en el centro de una controversia a cuenta de la autorización de escuchas telefónicas. En 2006, la juez instruyó la causa contra una docena de agentes de la Policía Local de Torrevieja por supuestos malos tratos a un detenido, que se basó fundamentalmente en las escuchas a agentes y concejales. Finalmente, el caso quedó en nada.

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