Policarpo Sánchez irá contra Cataluña por apropiarse «ilegalmente» de legajos del Archivo

Además, como ya explicó en comparecencias anteriores, “otra documentación fue incautada en Cataluña, pero también fue ilegal su envío pues pertenecía a particulares que no tenían allí su residencia al tratarse de personas destinadas en Barcelona como militar, eran refugiados o pasaron por Barcelona hacia Francia”. El hecho de que la guerra les empujara a Barcelona, advirtió Sánchez, “no les convierte en catalanes ni sus archivos en Patrimonio de la Generalitat, informa Ical”.

El experto aclaró que la única motivación que lo mueve a adoptar esta postura, “ basada en pruebas indubitables ”, son su profundo conocimiento del Archivo de Salamanca junto a criterios técnicos y científicos respaldados en las últimas semanas por archiveros “de larga trayectoria profesional y reconocido prestigio a nivel nacional” que le han manifestado todo su apoyo a las acciones que emprenda “e indignación por el traslado de sus archivos a Cataluña” en lo que supone un agravio comparativo respecto a otras Comunidades “merced a una Ley mala e injusta que deja indefensos a los legítimos propietarios de la documentación y favorece a un territorio, Cataluña, en detrimento del resto de España, en vez de buscar el bien común de todos los españoles”. A modo de ejemplo, Sánchez precisó que mientras que al resto de autonomías se les impuso un plazo de un año para reclamar su documentación, Cataluña puede hacerlo siempre que quiera.

Contradicciones nacionalistas

A juicio de Sánchez resulta contradictorio que Artur Mas reclame la independencia para Cataluña y, al mismo tiempo, no devuelva al Archivo de Salamanca el Patrimonio Documental Español que recibió “ilegalmente”. Al tiempo que Mas pedía ayuda económica al Estado “acuciado por las deudas”, prosiguió Sánchez, “su Departamento de Cultura adjudicaba dos contratos por más de 250.000 euros para preparar un nuevo envío de documentos por lo que la cantidad total gastada en expoliar el Archivo de Salamanca supera el millón de euros durante los últimos tres años”. Para el especialista salmantino, “es inmoral que, en una situación económica de emergencia, habiendo otras necesidades urgentes que cubrir y tras acudir a un rescate. la Generalidad de Cataluña gaste esa suma de dinero en llevarse documentos de un Archivo”.

Del mismo modo, remarcó que el valor de los documentos entregados a Cataluña sólo en los dos últimos envíos ascendió, según se desprende de la tasación realizada por el seguro necesario para su trasladao, a 2.403.000 euros. Esos gastos, lamentó corren a cargo del Ministerio por lo que se preguntó hasta cuándo están los españoles dispuestos a seguir pagando para que los desfalquen.

El investigador confía en que la Justicia obligue a cumplir la Ley y se depuren todas las responsabilidades que correspondan. Así, si un solo documento regresara a Salamanca fruto de las acciones judiciales “supondrá un éxito sin precedentes”. Sánchez pretende, además, que el proceso judicial y su resolución favorable a sus intereses tenga “un efecto ejemplarizante” que obligue a revisar la totalidad de la documentación enviada a Cataluña “para localizar muchos más casos, que sin duda, los hay”.

La denuncia de Sánchez no será la primera acción judicial contra la Generalidad de Cataluña dado que el sindicato CNT ha presentado un recurso ante el Juzgado contencioso administrativo de Barcelona para que la Generalidad devuelva los 150.000 documentos que, según Sánchez, les han sido arrebatados contra su voluntad falsificando, incluso, en ocasiones la identidad de los propietarios de muchos documentos del Archivo de Salamanca, “al objeto de apropiárselos”.