El Gobierno controlará y sancionará los abusos en la cadena alimentaria

Según aseguró el ministro, en el caso de que se vulneren las regulaciones establecidas para las prácticas comerciales en este Anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se prevé «un régimen de sanciones».

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que en el sector agroalimentario hay grandes desequilibrios en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, asimetrías que afectan al poder de negociación de las partes, que no existe transparencia a la hora de ajustar los precios y hay prácticas muy negativas que afectan a la competencia.

Saénz de Santamaría ha añadido que el objetivo de este anteproyecto es conseguir un mayor equilibrio entre las partes que beneficie a los productores , especialmente a los pequeños, y una mayor transparencia en las relaciones comerciales que beneficiará a los consumidores.

Ha subrayado que este anteproyecto y el referido a la integración de las cooperativas forman parte de una reforma estructural muy importante para el sector agroalimentario , para favorecer la posición de los pequeños productores y su posición respecto a la internacionalización. Según ha señalado, el sector agroalimentario, junto con el de bienes de equipo, es el que más ha incrementado este año sus exportaciones, y hasta agosto han crecido un 12 % respecto a 2011.

El ministro ha hecho referencia a que en España hay 989.787 explotaciones productoras, 29.334 empresas industriales y una concentración de la distribución que implica que los cinco primeros operadores concentren el 40,3 % del mercado en valor del total alimentación.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es « llegar a una concentración de la oferta similar a la de los países avanzados con los que competimos en el mundo global». El anteproyecto es un modelo mixto que incorpora sistemas de regulación, autorregulación y control. La regulación implica, entre otras medidas, la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios y de incorporar unos elementos esenciales, pactados libremente por las partes.

El anteproyecto prohibirá que se realicen modificaciones unilaterales de los contratos, así como los pagos comerciales no previstos, ya que «era frecuente que los proveedores se encontraran con que entregaban un producto y que, al final de la campaña, se aplicaban distintos descuentos».

En este sentido, Arias Cañete ha apuntado que este anteproyecto es una reforma sustancial sobre la situación actual, ya que «el agricultor conocerá el retorno económico que tendrá, no habrá sorpresas por el camino y no se producirán descuentos ni promociones, y además se regularán las subastas electrónicas que distorsionan las formaciones de precios».

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el anteproyecto regulará el suministro de información comercial sensible que la industria tiene que dar a conocer a la distribución y prohibirá «el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador».

En el ámbito de la autorregulación se establece un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de los conflictos. Supondrá la creación de un registro estatal de los operadores adheridos y estos podrán, además, suscribir otros códigos de buenas prácticas mercantiles.

En control, se establece por primera vez un régimen sancionador en el que se tipifican las infracciones y las sanciones (el Ministerio tendrá esta potestad sancionadora) y se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria.