¿Tendremos por fin un sector eléctrico liberalizado?

A la tarifa regulada se acogen los consumidores que contratan una potencia inferior a 10 kilovatios y que no quieren acudir al libre mercado, lo que incluye a la mayoría de los consumidores domésticos. La potencia media contratada por un hogar español es de 4,4 kilovatios. Y, mientras el hogar no tome la iniciativa de acudir al libre mercado, está automáticamente sujeto a la tarifa regulada. Según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el 76% de los usuarios de electricidad pagan la TUR. Esto incluye a casi 20 millones de consumidores de un total de 27 millones.

Los planes inmediatos del ministro de Industria, José Manuel Soria , pasan por l imitar el acceso a la TUR a millones de hogares reduciendo el límite de potencia permitida para esta tarifa , según fuentes del sector. La TUR se creó en 2009, cuando se culminó el proceso en el que las empresas distribuidoras cedieron su función de suministrar electricidad a las empresas comercializadoras. El objetivo actual es avanzar en una reforma eléctrica que se ha convertido en una espiral interminable donde no dejan de saltar chispas.

Mientras todos los agentes del sector (eléctricas tradicionales, renovables, industrias y consumidores) se sienten maltratados por las medidas gubernamentales, la Comisión Europea exige soluciones tempranas . Fuentes cercanas a los reguladores europeos avisan de que la preocupación por el déficit tarifario es cada vez mayor. No se confía en los nuevos impuestos aprobados como fórmula para arreglar el desequilibrio que genera el mecanismo de formación de los precios.

En principio, la intención de la liberalización de las tarifas pretende abaratar los precios del recibo de la luz. Cuantos más consumidores acudan al mercado libre, más (y mejores, supuestamente) ofertas pondrán en juego las compañías que comercializan la electricidad. Al menos a medio o largo plazo. Algo que ya pasa en otros países, y de lo que todavía estamos muy lejos en las condiciones actuales.

Según un informe de la consultora PwC sobre los retos del sector eléctrico, e l potencial de ahorro que ofrece la libre competencia en España es de 5 euros al año. Una cantidad insignificante . Esta dificultad de encontrar en el mercado libre ofertas mejores que la TUR pone de manifiesto, dice el informe, que esta tarifa es «extremadamente competitiva» y que constituye una barrera para la liberalización efectiva del mercado eléctrico. De hecho, solo un 0,8% de los clientes domésticos cambia de comercializador en España. Una cifra muy por debajo de la media europea: tanto en aquellos países que tienen tarifa regulada (4,6%) como en los que están totalmente liberalizados (7,7%).

El economista y profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) Gerard Llobet cree que la regulación del mercado debe hacer innecesarias este tipo de tarifas. Pero avisa: «esto no se soluciona simplemente reduciendo el acceso a la misma. Hace falta una reforma integral». En opinión de Llobet, la limitación de la TUR «no parece que vaya a comportar precios más bajos» . El economista argumenta que, en la actualidad, las empresas «ya podrían ofrecer precios más bajos», pero que no lo hacen.

Esta falta de heterogeneidad en la oferta es precisamente el principal lastre que convierten a la tarifa regulada una fórmula «de entre lo malo, lo mejor», a juicio de Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera la rebaja de la TUR «peligrosa».

La organización advierte de que el consumidor sufrirá un encarecimiento del recibo al ser transferido a un mercado en el que «no existe verdadera liberalización». Asegura que si se comparan las tarifas «libres» la diferencia anual máxima de ahorro es de 20 euros. En concreto, la OCU calcula que en aquellos hogares con una potencia contratada de 5,75 kilovatios el recibo subirá un 20%, hasta los 1.405 euros anuales. Para esta estimación, se toman como referencia las ofertas de compañías como Iberdrola o Endesa, un 17% más caras que las de la TUR.

El anterior impulso liberalizador, que se remonta a 2009, sirve también como modelo ilustrativo de las consecuencias de un nuevo tajo en la tarifa regulada : la OCU denuncia que los suministradores aplicaron entonces un incremento del 20% sobre el recibo , porcentaje idéntico con el que se sancionaba a los hogares con más de 10 kilovatios de potencia contratada que no acudían al mercado libre.

Las compañías, por su parte, prefieren no pronunciarse sobre un proyecto que en la práctica no es más que una declaración de intenciones. Fuentes empresariales subrayan que «la liberalización solo debería traer ventajas a los clientes, al propiciar una mayor competencia». Pero de momento, se mantienen a la espera. La clave ahora es no cometer los mismos errores que en el pasado.