Europa retrasa «sine die» el nuevo marco legal de las aseguradoras

Solvencia II es a la industria aseguradora lo que Basilea III - norma con los criterios y niveles de capital exigibles a la banca- al sistema financiero. La aprobación de la norma, publicada en 2009, estaba prevista para este octubre. La creación posterior de la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA) obligó a iniciar en 2011 su revisión mediante una directiva previa, Ómnibus II, para adaptarla a ese nuevo esquema de supervisión europeo.

Pero las instituciones encargadas de su desarrollo -Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de Europa- aún no han acordado su contenido . La última reunión de ese «trílogo», la semana pasada, fracasó una vez más en su intento de cerrar el texto.

La dificultad para sacar adelante ese documento ha provocado que la Comisión haya propuesto ya retrasar hasta el 30 de junio de 2013 la aprobación definitiva de Solvencia II y a enero de 2014 su entrada en vigor.

Los técnicos de la Comisión, el Parlamento y el Consejo volverán a reunirse el próximo 1 de octubre, aunque fuentes del sector consultadas por este diario no confían que se dé luz verde a Ómnibus II. El principal escollo es que solo unas semanas después -previsiblemente la segunda quincena del mes-, la EIOPA realizará a las compañías una prueba de impacto para medir la resitencia de sus inversiones a largo pla zo, como la deuda pública, según esas fuentes.

El resultado de este ejercicio servirá para definir algunos de los aspectos técnicos de esa directiva previa que actualizará después Solvencia II. Si Ómnibus se aprueba antes de la prueba, luego tendría que volver a ser revisada. Bajo ese mismo argumento, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, propuso el pasado miércoles retrasar la aprobación de esa directiva hasta marzo de 2013, cuando está previsto realizar un test de estrés general.

Tras esos retrasos el sector da por hecho que la entrada en vigor de Solvencia II se retrasará al menos hasta 2015. Desde las compañías reclaman que Europa fije ya un calendario para despejar todas las incertidumbres. Una de las preocupaciones de las compañías es la vulnerabilidad de sus inversiones en deuda pública, sobre todo de la periferia europea, a la volatilidad actual de esos títulos. Lo que quieren es que se desvincule.

Junto con la banca, las aseguradoras son el mayor inversor en deuda soberana. Pero las compañías del sector defienden que sus inversiones no tienen por objeto la especulación sino que son inversiones con vencimiento a muy largo plazo, por ejemplo 30 años.

En este sentido, la junta consultiva de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía español, ya aprobó el pasado mes de julio una orden ministerial que pretende dar estabilidad a esas inversiones . La norma, ahora en manos del Consejo de Estado, está únicamente pendiente de que sea firmada por Luis de Guindos. Fuentes del sector apuntan a que el ministro podría dar luz verde a esa orden ministerial esta misma semana.