Empieza el juicio a Morín por un centenar de abortos ilegales

Carlos Morín, el médico de origen peruano acusado de 101 delitos de aborto ilegales (alguno de de ellos en la semana 32 de gestación) cometidos en 2007 en Barcelona en las cuatro clínicas que dirigía en la capital catalana (Ginemedex, TCB, CBM y Emece), será juzgado a partir de hoy en la Audiencia de Barcelona. Él y su «familia» (así se la definieron a una exempleada que es testigo protegida): otros once imputados. La mujer y socia de Morín, María Luisa Durán, y varios ginecólogos, psiquiatras y anestesistas. Menos uno, el ginécologo Marcial R. F., que ha huido y ha sido declarado en rebeldía.

El fiscal pide para Morín una pena de 309 años de cárcel por los 101 abortos, por asociación ilícita y un delito continuado de falsedad documental. Una petición de pena de cárcel, que se suma a la de inhabilitación y multas, que algunas de las cuatro acusaciones particulares personadas ((E-Cristians, Alternativa Española, la Asociación Tomás Moro y el Colegio de Médicos de Barcelona) elevan a 345 años. Para el resto de encartados, las penas solicitadas están entre los 50 y los 200 años. Con todo, según fuentes jurídicas, por ley la máxima pena de cárcel que podrá imponérsele a Morín será de doce años.

Tras dos reportajes periodísticos de de denuncia -de la televisión pública danesa y el diario británico «Sunday Telegraph»- y una querella de E-Cristians basada en el testimonio protegido de una exempleada, la justicia española comenzó a a investigar a Morín en 2007. Según señala el fiscal en su escrito de acusaciones -basado en testimonios de mujeres que abortaron, de la citada ex empleada y otra, de los registros, de escuchas telefónicas, etc.-, Morín «configuró de manera estable una estructura dedicada a realizar casi de forma exclusiva y continuada abortos sin sujeción a ningún requisito legal ni plazo temporal».

En sus clínicas se efectuaban abortos ilegales de hasta 32 semanas. En un 95 por ciento de los casos, se justificaban de manera mendaz amparándolos en el supuesto legal de riesgo para la salud mental y física de la madre. Las pacientes ni tan siquiera eran visitadas por el psiquiatra que certificaba su estado mental. En otros, se manipulaban las ecografías y se hacía constar una edad inferior del feto para acogerse al tercer supuesto legal, presunción de que nacería con graves taras físicas o psíquicas.

En el juicio, que durará 32 días, desfilarán hasta 115 testigos. Entre ellos, algunas mujeres que abortaron en las clínicas de Morín, En su día, la juez decidió archivar la causa contra ellas al considerar que incurrieron en un «error invencible», al entender que no sabían que se cometía una ilegalidad.