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La ola de destituciones condiciona a los técnicos de la Generalitat

La salida de un subdirector de RTVV por el «Gürtel» genera malestar interno

ABC

La política de «tolerancia cero» aplicada por la Generalitat en los casos de altos cargos de la Administeación autonómica o de sus empresas públicas imputados en procesos judiciales ha generado un clima de tensión y parálisis interna, hasta el punto de que son muchos los técnicos y miembros del segundo escalón que se están negando en las últimas semanas a firmar documentos para evitar consencuencias futuras ante un eventual proceso judicial.

El último episodio de la determinación del Consell por apartar de sus puestos a altos cargos o dirigentes de perfil técnico imputados —una circustancia que no se ha extendido al grupo parlamentario— lo protagonizó Ricardo Javier Calatayud, hasta ayer subdirector económico-financiero de Radio Televisión Valenciana (RTVV).

Su destitución se produjo de forma fulminante, apenas unas horas después de que trascendiera su imputación en la causa que investiga la adjudicación de contratos a la «trama Gürtel» relacionados con la visita del Papa a Valencia en el mes de julio de 2006.

La salida de Calatayud se suma a las dimisiones que protagonizaron en las últimas semanas el exdirector general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Jorge Vela y el que fuera secretario autonómico de Turismo y Proyectos Luis Lobón. En ambos casos su marcha del Ejecutivo autonómico se produjo tras haber resultado imputados por el juez que instruye el conocido como «caso Nóos», que investiga los contratos suscritos por la Generalitat con el instituto que presidía Iñaki Urdangarín.

En todos los casos, los altos cargos que han abandonado en las últimas semanas la Administración deberán costearse de su propio bolsillo la asistencia letrada. Los «afectados» por la política puesta en práctica por el Consell no han ocultado en sus círculos privados su malestar por el hecho de que en su caso no se haya contemplado el criterio de presunción de inocencia.

Futuras consecuencias

Los efectos colaterales que genera el temor extendido en la Administración podría condicionar incluso los trámites para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pendiente de ejecutar en RTVV. Fuentes del consejo consultadas por este periódico señalan que algunos de sus integrantes estarían sopesando la posibilidad de no firmar el ERE, para salvaguardarse de esa manera de posibles consecuencias judiciales en el caso previsto de que los representantes sindicales decidan litigar en los tribunales. Al no rubricar el Expediente, los consejeros evitaría cualquier responsabilidad derivada de su cargo en un eventual proceso ante la Justicia.

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