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«¡No me fío de nuestros socios, han intentado hundir la CAM!»

La ruptura del SIP provocó momentos de tensión en el consejo de la caja y precipitó la intervención

M. A. R.

El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) celebrado el 21 de diciembre de 2010, previo a las vacaciones de Navidad, resultó especialmente intenso. María Dolores Amorós, a quien todos felicitaron efusivamente por su nombramiento como nueva directora general, fue la encargada de exponer un informe jurídico sobre las consecuencias del acuerdo alcanzado para constituir un Sistema Institucional de Protección (SIP) de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura para constituir el Banco Base, que sumaría 2.300 oficinas y unos activos cifrados en 135.000 millones de euros.

Pero tan sólo una semana antes, el 14 de diciembre, había llegado a la sede de la calle Óscar Esplá una carta del Banco de España que constituía una auténtica «bomba de relojería», que acabaría haciendo saltar por los aires la fusión y precipitaría la intervención de la caja. Tal como se hizo constar en el acta de la reunión, la misiva indicaba que CAM había reclasificado irregularmente como activos sanos créditos fallidos y dudosos por importe de más de 1.500 millones de euros.

En consecuencia, el Banco de España instaba a la caja a destinar 241 millones de euros adicionales a provisiones, como garantía para cubrir las posibles pérdidas generadas por esos créditos. El incumplimiento de esta misiva ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el regulador para abrir expediente disciplinario a 49 ex consejeros y directivos de CAM.

Poderes para Menéndez

La negociación de un acuerdo de fusión que salvara su cuenta de resultados había centrado los esfuerzos del equipo directivo de la entidad a lo largo de 2010. El 26 de mayo, Modesto Crespo presentó a los consejeros todos los detalles del principio de acuerdo alcanzado con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.

Desde aquella fecha hasta la Navidad de 2010, los representantes de las cuatro cajas implicadas intentaron acercar posturas sobre los principales puntos de discrepancia. Desde el primer momento, la CAM se opuso a que el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, tuviera plenos poderes durante un período de seis años para nombrar a todo el equipo directivo del Banco Base en su calidad de consejero delegado.

En su sesión del 30 de noviembre. los consejeros de CAM debatieron la necesidad de incluir en el contrato de integración una cláusula que les eximiera de toda responsabilidad en caso de que el futuro Banco Base incurriera en cualquier tipo de irregularidades contables.

Estas objeciones, sin embargo, fueron rechazadas por el director general del servicio de Inspección del Banco de España. Ángel Rico. Pero el acuerdo de fusión con Cajastur quedó tocado de muerte en enero de 2011, cuando la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, anunció la decisión de elevar al 10% las exigencias de capital de bancos y cajas, como garantía adicional frente a la crisis financiera.

Para cumplir este requisito, el Banco Base se vería obligado a elevar de 1.400 a 2.800 millones de euros la petición de recursos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La situación estalló el 30 de marzo de 2011, cuando las asambleas de las cuatro cajas debían ratificar el acuerdo de fusión.

Ante sus consejeros, el presidente Modesto Crespo leyó un escrito remitido por Cajastur en el que se atribuía a la delicada situación financiera de la CAM las nuevas necesidades de capital del Banco Base y se advertía del peligro de que la entidad financiera resultante de la fusión quedara nacionalizada mediante la incorporación del FROB a su accionariado. Los consejeros de CAM fueron conscientes entonces de que el acuerdo de fusión había saltado por los aires. «¡No me fío de nuestros socios, han intentado hundir la CAM!», exclamó Enrique Garrigós, tal como quedó reflejado en el acta de la reunión.

Por su parte, el vicepresidente Armando Sala apeló a la autocrítica y consideró llegado el momento de «reconocer que se ha gestionado mal la integración en el SIP, los malos hemos sido nosotros, no ellos», sentenció. El consejero Martín Sevilla reclamó que se pusiera un marcha un «plan B», mientras que Enrique Puig Mora se quejó de la falta de información que el equipo directivo había dado a los consejeros.

En la cuerda floja

El presidente, Modesto Crespo, intentó mantener la templanza, pero no ocultó su malestar por «los malos modos y el incumplimiento de los pactos» por parte del presidente de Cajastur. Los peores augurios se cumplieron y, aquella misma tarde del 30 de marzo, las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura rechazaron el acuerdo de fusión con la CAM. Se iniciaba así una carrera contrarreloj en la que los responsables de la caja intentaron alcanzar un acuerdo alternativo de fusión con otra entidad para evitar que la inyección de los 2.800 millones de euros solicitados al FROB supusiera de hecho la nacionalización de Caja Mediterráneo.

En el consejo de administración celebrado al día siguiente, el 1 de abril, la directora general María Dolores Amorós reconoció por primera vez que existía un riesgo cierto de que la caja fuera intervenida por el Banco de España si no lograba hallar una solución. Su pronóstico se cumplió casi cuatro meses después, el 21 de julio, cuando todos los consejeros presentaron la dimisión y dejaron la entidad en manos del Banco de España.

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