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Entra en vigor el céntimo sanitario en Castilla-La Mancha y Baleares

El litro de gasolina subirá 4,8 céntimos dentro de las medidas de ajuste adoptadas por los gobiernos autonómicos

Día 01/05/2012 - 17.55h

Este 1 de mayo entra en vigor en Baleares el llamado «céntimo sanitario», que supone una subida de 4,8 céntimos euros por litro de gasolina y gasóleo de uso general, mientras que en Castilla-La Mancha este gravamen sube de 2,4 céntimos a 4,8.

El Gobierno de María Dolores de Cospedal espera recaudar 23 millones de euros con esta medida en lo que queda de año, pues solo está prevista su aplicación en 2012. La subida del céntimo sanitario está incluida en la ley de medidas en materia de tributos cedidos recientemente aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Baleares ha decidido gravar también los carburantes para financiar la sanidad. Un impuesto que no afectará a transportistas y taxistas y no se aplicará al gasóleo de usos especiales y calefacción. Además de la gasolina y el gasóleo general, el impuesto también incrementa el coste del queroseno de uso general en 0,48 euros y del fueloil en 0,02.

El Gobierno balear prevé recaudar unos 35 millones de euros con esta medida que incluyó en el decreto ley de medidas tributarias para la reducción del déficit de la comunidad que fue aprobado por el Consell de Govern el 9 de marzo y ratificado por el Parlament el pasado 17 de abril.

El decreto también aumentó el tipo impositivo especial sobre los medios de transporte más contaminantes como «quads» o motos náuticas y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de inmuebles cuyo valor supere los 300.000 euros, con un tipo del 7%, del 8% hasta los 500.000, del 9% hasta los 700.000 y del 10% a partir de esa cantidad.

El Ejecutivo balear presentó ayer, dentro de su paquete de medidas, la ampliación del horario para los funcionarios, la suspensión de algunos de sus complementos salariales y el cierra de dos hospitales, así como otras medidas que contemplan también la suspensión del Consejo Económico y Social, la venta de patrimonio público y la entrada de capital privado en la radiotelevisión autonómica, IB3.

Los gobiernos autonómicos han adoptado severas medidas de ajuste ante la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con esta Ley, el Gobierno tiene 15 días para dar la aprobación a los planes de las comunidades autónomas antes de dar paso a otras medidas, que incluyen la intervención.

En caso de no presentación del plan o su incumplimiento, la administración debe constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

Sin embargo, en el caso de que la administración en cuestión obviase incluso la creación de dicho depósito, el plazo de la intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el plazo para las primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.

Aunque ninguna de las comunidades autónomas ha solicitado hasta el momento la intervención voluntaria, todas han pedido ayuda a la Administración central para confeccionar sus planes económico-financieros antes del cierre del plazo este primero de mayo.

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