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El Gobierno reformará los centros de internamiento para extranjeros

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Dará prioridad para el ingreso en esas instalaciones a los extranjeros con antecedentes penales

Día 30/04/2012 - 20.27h

El Gobierno prepara cambios para los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Estas instalaciones, que están en el ojo del huracán por las constantes denuncias de maltratos y violación de los derechos humanos y donde las autoridades retienen a los inmigrantes que están en espera de ser expulsados del país, acogerán de forma prioritaria a los extranjeros con antecedentes penales que tengan un expediente de deportación.

Lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, tras visitar el CIE de Barcelona, uno de los más cuestionados por las ONGs, después de que en el pasado enero un joven guineano perdiese la vida por un infarto de miocardio, que entidades no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes atribuyeron a que no fue atendido cuando el chico requirió asistencia médica. Su muerte, la segunda en dos años, y la de una mujer congoleña, en este caso en el CIE de Madrid dos semanas antes, puso en el disparadero estos centros, y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como SOS Racismo, denunciaron la vulneración sistemática de los derechos fundamentales.

Además, el Síndic de Greuges, el defensor del Pueblo en Cataluña, Rafael Ribó, a quien fue denegada su entrada a la instalación de Barcelona, avisó de que en los CIE se dan condiciones para que pueda haber malos tratos, como el hacinamiento de internos, y pidió reformas con urgencia para que no se conviertan, sin serlo, en centros penitenciarios. Los jueces y fiscales progresistas también reclamaron recientemente una regulación de su funcionamiento para evitar "violaciones de derechos fundamentales» y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denunció que la mitad de las privaciones de libertad en los CIE no tiene «un fundamento legal». Y es que, según cifras de los letrados, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser deportadas.

En medio de la polémica, el Gobierno, como ha anunciado el número dos de Interior -se había hablado de que acudiría el ministro, pero Jorge Fernández Díaz canceló su participación a última hora-, se ha propuesto limpiar la imagen hermética y poco transparente de los centros. Para empezar, el CIE de Barcelona ha abierto este lunes por primera vez sus puertas de par en par a cámaras y periodistas, que pudieron visitar las instalaciones y sobre todo las habitaciones -de cuatro o seis plazas, con literas y sin baño-.

Advertencias al Síndic

Han podido escuchar también las quejas de los internos, que han gritado «no somos asesinos» desde el patio, mientras periodistas y responsables de Interior completaban el recorrido. Además, a partir de ahora, el Síndic podrá acudir al centro, abierto desde 1999, aunque Ulloa le puso condiciones. «El centro de internamiento no es un laboratorio sociológico. Quien entra en el centro, entra para ayudar y no para obstaculizar», «este no es lugar para ir de tournée», ha dicho Ulloa. «(El Síndic) no tiene las puertas cerradas siempre y cuando no perturbe el régimen ordinario», ha rematado.

Ribó ha llamado la atención de los CIE, hay nueve en España, con capacidad para 1.200 internos, para denunciar la situación de los mismos, después de que dos internos en Barcelona iniciaran una huelga de hambre en protesta contra presuntas agresiones, y después de que cuatro llegaran a autolesionarse para ingresar en el hospital y posponer así su extradición. IU e ICV incluso reclamaron el cierre de estos equipamientos.

En el nuevo reglamento que prepara Interior con la intención de tenerlo listo antes de verano, cambiará también el nombre de los centros. Pasarán a llamarse CECE, centro de estancia controlada de extranjería, y entre otros cambios, el Ministerio contempla que la Policía asuma las labores de vigilancia, dentro y fuera del centro, pero dejará a ONGs y otro personal las tareas asistenciales y de ocio, como reclamó la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. Hasta ahora, el control, la seguridad y la administración de los centros quedaba en manos de la Policía. Las instalaciones deberán mejorar y adecuarse, según el nuevo reglamento, y el régimen de visitas será más flexible

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