Turno de oficio: abogados por amor al arte

La actual situación de crisis económica no ha hecho sino empeorar las cosas. La financiación del turno de oficio corresponde a los gobiernos locales en aquellas comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia y al ministerio del ramo en el resto. La Administración central se hace cargo también de pagar a los letrados de oficio que llevan causas en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, órganos con competencias en todo el territorio español. Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado que en 2013 se destinarán 34,2 millones de euro s (un 7,22 por ciento más que este año) a financiar la justicia gratuita, un incremento que, según los cálculos del ministro, será posible gracias a las nuevas tasas judiciales, cuya recaudación se destinará a este servicio.

Las dificultades económicas que atraviesan las administraciones en general repercute de forma directa en la asistencia jurídica gratuita, que en muchos casos sigue funcionando gracias a la entrega de los profesionales, aunque poco a poco, según cuentan a ABC los propios abogados, «son muchos los que se dan de baja porque nos cuesta dinero» .

En la Comunidad de Madrid, los abogados de oficio llevan un año sin cobrar. Pueden hacerlo, explican, a través de una especie de línea de crédito pactada entre los bancos y el gobierno local, pero los intereses no se los devuelve nadie. «Vas al banco, pides el dinero y te lo dan con un recargo del 6 por ciento. Luego la Comunidad de Madrid arregla cuentas con el banco, pero los intereses los pagamos nosotros», aseguran.

Los abogados madrileños del turno de oficio se enfrentan ahora a otro problema: la Comunidad de Madrid quiere retrasar el pago de los servicios hasta el momento en que se resuelva el expediente que determina si el detenido al que ya han asistido tiene o no derecho, por su situación económica, a la justicia gratuita. Es decir, prestan el servicio pero no saben si van a cobrar por ello. El pasado 21 de marzo, el Colegio de Abogados hizo llegar un comunicado a todos los letrados inscritos en el turno de oficio para informarles de la decisión del Gobierno autonómico y del «frontal rechazo» expresado por el Colegio a esta medida.

En otras comunidades autónomas, como Valencia o Andalucía, las tarifas establecidas para la asistencia jurídica gratuita han bajado, según denuncian los propios abogados. En Madrid, cada abogado de oficio cobra 180 euros por un día de guardia , sea cual sea el número de detenidos que tengan que asistir (de media, entre 4 y 6, aunque la cifra es muy variable); si la guardia es en la Audiencia Nacional, la cantidad baja hasta los 150 euros. Por cada procedimiento penal que asumen, dure lo que dure desde que se produce la detención hasta que recae la sentencia, reciben 300 euros. Si es en la jurisdicción Social, 180; 360 euros cuando el asunto es Civil.