Japón retoma la pena de muerte ahorcando a tres presos

Siguiendo el habitual secretismo que envuelve a los « corredores de la muerte » de este país, donde permanecen 132 condenados, los medios nipones solo han publicado un puñado de detalles sobre los ejecutados, pero no sus identidades. Colgados en tres centros de detención, uno de ellos acuchilló a cinco personas en una estación de tren en 1999, otro mató a dos personas en 2001 y el último a tres en 2002.

«He cumplido con mi deber según lo estipulado por la ley», aseguró el titular de Justicia, reabriendo el debate sobre la pena capital en Japón , uno de los pocos países desarrollados en seguir aplicándola junto a Estados Unidos . Aunque la mayoría de la sociedad se muestra a favor, en los últimos años ha crecido una corriente contraria por las inhumanas peculiaridades de los «corredores de la muerte» nipones.

Según critican organizaciones como Amnistía Internacional , el Gobierno guarda un hermetismo absoluto sobre las ejecuciones y la situación de los internos, que no saben cuándo van a ser ajusticiados hasta el mismo día del ahorcamiento. De hecho, ni siquiera puede dar el último adiós a sus familiares porque estos solo son avisados tras la ejecución.

Hace dos años, la entonces ministra de Justicia, Keiko Chiba , una antigua abogada socialista que siempre se había mostrado contraria a la pena capital, acabó firmando dos órdenes de ejecución, generalmente reservada para homicidios múltiples. Rompiendo la opacidad oficial, Chiba permitió luego a los medios acceder al patíbulo del Centro de Detención de Tokio, que pudieron ofrecer así las primeras imágenes de unos lugares hasta entonces desconocidos para la mayoría de la sociedad.

Aunque los japoneses apoyan la pena capital, grupos como Focus 90 y la Asociación de Víctimas de Crímenes y Familias de Supervivientes luchan por su abolición. Tras la revelación de varios casos de reclusos injustamente sentenciados que removieron bastantes conciencias, desde noviembre de 1989 hasta marzo de 1993 rigió una moratoria «de facto» de 40 meses sin ejecuciones. Durante ese tiempo, la sociedad nipona abrió el debate sobre la pena de muerte, en parte gracias al ministro de Justicia Megumu Sato , un antiguo monje budista que rechazó firmar ningún ajusticiamiento por sus convicciones religiosas, y al diario de Daidoji Masashi , sentenciado a muerte en 1974 por un atentado contra una sede de Mitshubishi. Tras conocerse que éste no había colocado la bomba que mató a 8 personas y provocó 380 heridos, el sistema judicial quedó en entredicho al denunciar las brutales condiciones de su encarcelamiento.

Esperando su día, en el «corredor de la muerte» aguarda Shoko Asahara , el líder de la secta «Verdad Suprema», condenado a muerte por el atentado con gas sarín perpetrado el 20 de marzo de 1995 en el metro de la capital japonesa , que costó la vida a 12 personas y causó cientos de heridos.