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Las ayudas sin control de la Junta: «Nos quedamos con 3,5 millones colgados»

El Gobierno andaluz ordenaba a golpe de correo electrónico alterar las subvenciones concedidas a empresas de Cádiz para repartir el dinero a capricho

LUIS MONTOTO

Los escándalos de corrupción por el uso arbitrario de subvenciones públicas siguen acosando a la Junta de Andalucía. Tras el escándalo de los ERE (una partida que asciende al menos a 933 millones de euros para financiar prejubilaciones de forma irregular) y las ayudas del organismo público Invercaria (que concedió casi 60 millones en créditos sin control y que ha registrado pérdidas de 30 millones en los últimos cuatro años), el último caso investigado es el de las ayudas de los programas para la reindustrialización de Cádiz. Este fraude tiene su origen en el drama social que supuso el cierre de la factoría de Delphi, en julio de 2007, y que dejó sin empleo a cerca de 2.000 trabajadores entre puestos directos y auxiliares.

En aquel momento, el Gobierno autonómico puso en marcha un plan para reindustrializar las zonas directamente afectadas por la clausura de la fábrica de esta multinacional de la automoción. Sin embargo, el destino final de una buena parte de las subvenciones —más de 25 millones de euros bajo sospecha—, está siendo investigado por la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado). El expolio afecta a también a partidas de fondos europeos para combatir el paro, paradójicamente, en la provincia que encabeza la tasa de desempleo en España (más del 35%). Los atestados policiales sitúan el inicio de este millonario fraude en una sociedad denominada Cádiz Solar Center, vinculada a un entramado empresarial liderado por el gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña. Esta empresa se hizo con 11 millones de euros a través del Plan Bahía.

Idea, en el epicentro

Y una vez más, el escándalo tiene su epicentro en la Agencia Idea (la misma que se ha hecho famosa por ser punto de partida de los pagos en los ERE). El Consejo de Gobierno andaluz creó en 2008 una oficina dentro de este organismo y adscrito a la Consejería de Innovación para gestionar la concesión de las ayudas.

Al frente puso a Antonio Perales Pizarro, hombre de la confianza de Manuel Chaves y hermano del histórico socialista Alfonso Perales —ya fallecido—, y a su vez, miembro del poderoso clan del socialismo andaluz de Alcalá de los Gazules, al que también pertenece Luis Pizarro (consejero de Gobernación en los Gobiernos de Chavez). El cometido de Perales debía limitarse a la promoción y captación de inversiones, sin poder sobre la resolución de expedientes. Sin embargo, llegó a establecer una relación «de trato personal» con Dávila Ouviña e incluso tomaba parte en la tramitación de las ayudas.

Para concederlas existía una comisión en la que participaba Industria (que otorgó 21,1 millones en préstamos a interés cero a la red fraudulenta) y en la que tomaba parte la Agencia Idea y la Diputación de Cádiz, gobernada hasta mayo por el PSOE, a través del denominado Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT).

En este contexto, hay un correo electrónico en el que se demuestra que, en febrero de 2011 —en las semanas previas a la resolución de una partida de ayudas para la reindustrialización— la Junta de Andalucía da indicaciones claras a la Diputación de Cádiz para que modifique el importe de los créditos y el orden en el que deben ser seleccionados, al margen de las baremaciones y las puntuaciones (que son competencia de Industria), y guiados, supuestamente, por intereses políticos.

Vínculos familiares

El correo electrónico está enviado por Rosa Rodríguez, asesora técnica de Idea para el Plan Bahía Competitiva y colaboradora de Antonio Perales. En él, envía un listado con cambios en los créditos que debía recibir cada una de las compañías que optaban a las subvenciones. Bajo esta premisa, indica que «algunos proyectos de Alcalá de los Gazules han subido del 30 al 40% el crédito concedido». Estas compañías, que ven mejoradas sensiblemente sus subvenciones, están vinculadas a Ouviña, el empresario investigado por la Policía.

A partir de ahí, sigue dando instrucciones, como que a iniciativas de firmas como Bodegas Valdivia (perteneciente al grupo Nueva Rumasa) haya que «bajarles la puntuación y pasarlos a la reserva». La misma suerte corren otras, como Electrotes o Sal de Sanlúcar, a las que hay que «que bajarles la puntuación para que no se queden las primeras de la reserva».

Quizá, uno de los casos más llamativos sea el de la compañía de automoción Zahav, de la que indican que «creemos que debemos de trasladarle al Mytic —Ministerio de Industria— que están dentro del compromiso que adquirieron pero que hay que considerar que quizás, de nuevo, nos quedamos con 3,5 millones de euros colgados ». Hay que recordar que, finalmente, esta compañía no ha materializado sus proyectos en Andalucía. También hace alusión a Alestis Aerospace, grupo aeronáutico participado por la propia Junta, de la que indica: «Os reitero que tiene que entrar en la última posición». Los destinatarios de la misiva son los técnicos de Agencia Idea, Teo Clavijo y Gema Herrera (que también tiene vinculación familiar con el socialista Luis Pizarro, ya que es su nuera).

Arbitrario e irregular

Este correo electrónico es una nueva muestra de las irregularidades cometidas en la concesión de ayudas del Plan Bahía. En el atestado elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Udyco de la Policía, uno de los aspectos que más llama la atención es la facilidad con la que las empresas de Ouviña burlaron los filtros de las instituciones. Para ello se valía de certificaciones bancarias que mostraban una solvencia ficticia sobre su contabilidad. La Policía ve «destacable la falta de control sobre estos documentos».

¿Quiénes son los responsables? En el escalón más alto están los empresarios Ouviña y las familias Arespacochaga y Retolaza Gaviña, a los que se acusa de un fraude en el cobro de subvenciones públicas, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. El segundo peldaño es el de los «gestores» que mediaban en la concesión de ayudas entre los empresarios y administración a cambio de comisiones. El tercero y más peliagudo llega a Idea: este mail demuestra la presunta arbitrariedad y discreccionalidad con la que se decidía a quien se dirigían las ayudas.

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