Casi 900 ERE fraudulentos de la Junta fueron un «absoluto dispendio arbitrario»

Cárcel para Guerrero por temor a su fuga y por la «distracción» millonaria de dinero público para favorecer a amigos y altos cargos del PSOE

MERCEDES BENÍTEZ

11/03/2012 a las 02:13h.

La decisión de la juez Mercedes Alaya de enviar a prisión al que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, se produjo la pasada madrugada, con la campaña electoral recién iniciada en esa comunidad, y después de tres días de una intensa declaración judicial en Sevilla, en la que el ex alto cargo socialista ha apuntado a sus superiores —incluso a Manuel Chaves y José Antonio Griñán— como máximos responsables de la trama de los ERE falsificados.

Alaya investiga la utilización fraudulenta de 600 millones de euros en ayudas públicas para sufragar el coste de los ERE falsos en la Junta, pero los últimos cálculos de la Fiscalía Anticorrupción elevan ya esa cantidad a los 933 millones, para un total de unas 900 ayudas irregulares. Guerrero es, además de principal imputado, la primera persona que ingresa en prisión por este caso.

La imagen del furgón policial trasladándole de madrugada desde los juzgados a la cárcel resultó ayer demoledora para el PSOE, pese a que tanto Chaves como Griñán se han desmarcado Guerrero y pese a que hicieran hincapié ayer en que es la propia Junta quien le acusa. No obstante, las palabras de Alaya son contundentes: la actuación de Guerrero supuso «una distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente» en el tiempo para favorecer a amigos y altos cargos de su partido.

El auto de prisión es prácticamente un resumen del procedimiento en el que justifica e envío a prisión de Guerrero en el riesgo de que se fugue por la «presión externa» de terceras personas, probablemente perjudicados por sus declaraciones. Alaya deja claro que Guerrero otorgó «en connivencia otros» casi 900 ayudas «con total ausencia de procedimiento» pese a que tanto él como «sus superiores» conocían que el sistema de concesión de ayudas no era el adecuado y se hacía sin «cobertura presupuestaria». Las ayudas fueron otorgadas de forma «manifiestamente injusta y arbitraria» para «favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE».

«Un negocio rentable»

Así, concluye que hubo una concentración de un importante número de ayudas directas a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, de donde procedía el propio Guerrero y a la que estaba vinculado el exconsejero Francisco Viera. En total, la magistrada estima que el ex director general concedió más de 50 millones de euros a esas empresas y que ello suponía un «agravio comparativo» porque en el resto de Andalucía las ayudas a empresas recibieron la mitad, algo más de 24 millones. Sólo a las de los empresarios Rosendo y Sayago (el primero de ellos amigo personal del exconsejero Viera) les otorgó casi 25 millones, mientras que a las de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla y hermano de José, que fuera presidente de la Junta, le entregó más de nueve millones.

El auto explica además que el ex director general extendió desde su cargo la idea generalizada de que la Junta asumiría el coste de las prejubilaciones de los trabajadores despedidos colectivamente, organizando «un entramado» en el que siempre intervenían las mismas personas, las mismas aseguradoras, las mismas mediadoras y los mismos despachos de abogados. «Y todo ello al calor de que era un negocio rentable, pues pagaba la Junta».

Alaya también cita los 900.000 euros en subvenciones concedidas por Guerrero a su chófer, al que le indicó que constituyera dos sociedades para desviar fondos públicos destinados a su propio lucro.

Un piano, cocaína y copas

De hecho, el ex director general admitió de su chófer una cantidad en metálico de 60.000 euros y «múltiples regalos como antigüedades, un piano, artículos de telefonía y ropa». Además la magistrada recuerda que cuando Guerrero terminaba a mediodía su jornada laboral, «acudían ambos a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Juan Francisco Trujillo el chófer pagaba con el dinero de las ayudas públicas».

Alaya describe asimismo las ayudas concedidas por Guerrero a su propia suegra y la entrega de «elevadísimas sumas de dinero público» a aseguradoras de dudosa solvencia con un «exceso de comisión».

Todo ello, a lo largo de un relato demoledor en el que arguye que se «omitían clamorosamente y de manera continuada los procedimientos legalmente aplicables»; que «en la gran mayoría de las ayudas no existió si quiera le menor solicitud por la empresa» beneficiada; o que se «permitió un enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de ciudadanos». Guerrero está imputado por prevaricación, cohecho, malversación y falsedad.

Finalmente, la juez sale al paso de las acusaciones que desde la izquierda insinúan que sus resoluciones tienen carácter político. Alaya sostiene que su decisión parte de una petición de la Fiscalía sin la cual ella no podría encarcelar a Guerrero y, en cualquier caso, esas acusaciones son «una absoluta falta de respeto» al fiscal y suponen «un total desconocimiento de los principios de justicia e independencia».