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La Cámara alcarreña confirma el embargo de sus cuentas

Los jueces también embargan su sede, y Cercadillo culpa a los anteriores gestores

ÓSCAR CUEVAS MORAL

La Cámara de Comercio e Industria de Guadalajara reconoció ayer que tiene embargadas sus cuentas bancarias, y también su sede, por orden judicial. El motivo es el nivel de deuda que la Cámara tiene con sus acreedores; unos proveedores que serían los que han instado al embargo que el juez les ha concedido. La situación financiera de la Cámara es por tanto crítica, y la propia entidad la califica de «muy débil». Una situación de la que la actual dirección cameral culpa a los anteriores gestores de la institución.

El Comité Ejecutivo de la Cámara mantuvo ayer una reunión en la que se acordó convocar al Plenario para debatir la situación de la institución, de la que aseguran ya han informado a la Junta de Comunidades, en su calidad de administración tutelante. Hay que recordar que la Cámara, aun siendo una entidad privada, funciona cbajo el paraguas del derecho público.

La Cámara achaca toda la responsabilidad de lo ocurrido al anterior equipo directivo, que dejó una inmensa deuda en las arcas de la institución cuando salió derrotado de la última convocatoria electoral; un proceso que puso en la presidencia al sector empresarial respaldado por la CEOE, en la figura de Juan José Cercadillo, presidente a su vez de la inmobiliaria Hercesa. La Cámara, en su comunicado, recuerda que cuando el actual Plenario se incorporó a la institución, a finales de abril de 2010, encargó una auditoría que ya reflejó la situación de quiebra técnica de la entidad, algo que además ha venido a agravarse después, con la decisión del Gobierno central, en la pasada legislatura, de suprimir el pago obligatorio de cuotas camerales a los empresarios.

Hay que recordar que la actual directiva cameral presentó, tras conocer esa auditoría y lo que en ella se reflejaba, una demanda penal contra los anteriores gestores, el equipo que presidía Carlos Remartínez, y en el que el «hombre fuerte» era el secretario, Carlos García Llorente, al que acusan de ser el artífice de un auténtico desfalco. Fue de hechoo ese equipo directivo anterior el que promovió la construcción del «Círculo Mercantil», un inmueble dedicado a la formación empresarial, en los bajos de un edificio de vecinos, pero que nunca contó con licencia de apertura, y que costó a la Cámara, según los actuales gestores, más de 7 millones de euros, una cantidad que aseguran está en la raíz del problema.

La situación ya se vislumbraba complicada el pasado viernes, cuando el Ayuntamiento aprobó en Pleno la devolución del terreno que se había cedido a la Cámara, y donde iba a levantarse un Palacio de Congresos que de momento no podrá ver la luz.

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