El déficit fiscal

EL mismo día —hace una semana— en que el Parlament de Cataluña impulsa la publicación de las balanzas fiscales entre Cataluña y el resto de España, Cáritas presenta el estudio Exclusión y Desarrollo Social elaborado por la Fundación FOESSA. Vayamos por partes. Con el apoyo de CiU, PSC, ERC, ICV y SI, el Parlament publicitará dicho balance según sus propios cálculos. La cosa tiene su miga si tenemos en cuenta que los datos oficiales los tiene únicamente el Gobierno y que la Generalitat incluirá sus cálculos —que no irán más allá de la estimación aproximada— en los Presupuestos (!). El objetivo: además de la necesidad de marcar perfil político que tienen las fuerzas impulsoras de la cosa, la publicación sirve para insistir en la teoría del expolio fiscal que padecería Cataluña. Por aquello de la precisión, cabe recordar que Cataluña —como la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana— no es víctima de un expolio —expolio: botín del vencedor—, sino que tiene déficit fiscal. Lógico si consideramos que en un sistema impositivo progresivo como el español, el déficit surge porque el ciudadano paga —el territorio no paga impuestos— en función de sus ingresos. Quien más gana, más paga. A más ingresos, más déficit.

El déficit sirve, entre otras cuestiones, para reducir la desigualdad entre ciudadanos. Llegados a este punto, hay que detenerse en el estudio de FOESSA. Datos: la tasa de pobreza de Extremadura supera el 35 % de la población, la de Andalucía y Canarias está entre el 30 % y el 35 %, la de Murcia y Castilla-La Mancha entre el 25 % y el 30 %. Por su parte, la tasa de Cataluña y Madrid se mueve entre el 10 % y el 15 % y la de Baleares y Valencia entre el 20 % y el 25 %. Con los números en la mano, ¿entienden ahora —aunque nos duela el bolsillo— la razón de ser del déficit fiscal?