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El fin de las subvenciones a dedo

El Gobierno revisa las subvenciones nominativas, un instrumento válido, pero que también tiene una cara oculta que cuesta muchos millones

Día 01/03/2012

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La existencia de subvenciones que se otorgan de forma directa —sin necesidad de concurrir a una convocatoria pública en un plazo establecido y cumpliendo los requisitos necesarios para solicitarla— puede sorprender a muchos. Su legalidad, sin embargo, está amparada bajo el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones de 2003. Algunas que se aprueban como enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pueden puentear el proceso de solicitud siempre que para el proyecto se acrediten «razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

El año pasado, los PGE reflejaron un aumento en el número total de subvenciones, 12.147 millones de euros según el INE. El nuevo Gobierno popular ha mostrado su disposición a recortar estas partidas de dinero público, algo que Rajoy ya anunció durante su discurso de investidura.

Fuentes parlamentarias consultadas por ABC afirman que la concesión de subvenciones nominativas es «una práctica asentada que utilizan, sobre todo, los grupos nacionalistas cuando PP o PSOE necesitan de su apoyo parlamentario». Es en estos casos cuando las subvenciones nominativas aparecen para cumplir con su oscuro papel como «lubricante» democrático, facilitando acuerdos.

«En la tramitación de los presupuestos se ve nítidamente, pero este tipo de facturas las pasan durante toda la legislatura. Por eso, el mejor escenario para ellos es el de gobiernos débiles que les necesitan», aseguran estas fuentes, que prefieren permanecer anónimas. Para sacar adelante los últimos PGE, el Gobierno socialista necesitó llegar a acuerdos con PNV, CiU y Coalición Canaria, cuyo mensaje oficial fue que se abstuvieron de votar en contra «por responsabilidad». Sin embargo, en el texto finalmente aprobado se añadieron enmiendas que incrementaron el montante en varios millones a favor de sus comunidades. Tal es el precio de la responsabilidad.

Lo más irritante de estas subvenciones es la sospecha de arbitrariedad en su concesión. Y salta a la vista la desproporción: dentro de los presupuestos de Cultura para la Protección del Patrimonio Histórico aparecen transferencias de, por ejemplo, 100.000 euros para «consolidación de la edificación de la zona del Molinot de Miravet, señalización y adecuación hasta el núcleo urbano» u otra de 300.000 euros para una «actuación en el poblado ibérico del Castell del Moro en Gandesa». A modo comparativo, bajo el mismo epígrafe aparecen subvenciones para la conservación de elementos patrimoniales reconocidos por la Unesco, como el Acueducto y la ciudad vieja de Segovia o las murallas de Ávila o Ibiza, donde cada una recibe 95.000 euros.

Un ejemplo clarificador: de los 70 millones en enmiendas que CiU anunció que había conseguido incorporar a los PGE, catorce fueron a parar a Cultura, donde el proyecto que más recibió fue la nueva sede de la Escuela de Música y Danza de Matadepera, casi 4 millones en tres años. Es el municipio más rico de Cataluña, donde la renta familiar per cápita está en 32.300 euros de media y siete de cada diez casas tienen más de 120 metros cuadrados. En esta escuela, los niños de entre 4 y 7 años residentes en esta localidad de 8.500 habitantes, cercana a Tarrasa y gobernada por CiU, aprenden clarinete, flauta, guitarra o piano.

El Gobierno ve inadmisible que el presupuesto de Cultura se dedique a estos menesteres. Se plantea la revisión, una a una, de la idoneidad de cada subvención nominativa o convertirlas en subvenciones por concurso. Y como Hacienda no pudo cerrar el calendario de pagos para este año, los beneficiarios no han cobrado aún estas subvenciones, tal vez las últimas otorgadas a dedo.

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