La Audiencia vuelve a validar las escuchas anuladas del «Brugal»

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha vuelto a validar las escuchas del «caso Brugal» anuladas por el juez instructor de Orihuela —que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja por parte de la Diputación—; en aquel momento, Carlos Sanmartin. Según el auto, difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la Audiencia se basa en la jurisprudencia del Supremo para concluir que la nulidad de las escuchas no debe plantearse en la fase de instrucción, sino al inicio de la vista oral.

Así, el auto no entra en el fondo de la nulidad adoptada en su día por el instructor —que aceptó los argumentos de algunos de los imputados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll, sobre la falta de motivación de los autos que autorizaban escuchas a varios de los imputados a partir de determinadas fechas—, pero considera que no es el momento procesal oportuno para plantear dicha petición.

Se trata del mismo criterio que la Audiencia ya había aplicado en otras resoluciones sobre nulidad de escuchas planteadas en otras ramas del «caso Brugal», como la que investiga supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante. En ese caso, fue el empresario Enrique Ortiz quien instó la nulidad de las intervenciones telefónicas, pero tanto el juez instructor como luego la Audiencia denegaron sus pretensiones.

De esta manera, la nueva instructora del Brugal en Orihuela, que acaba de reactivar el caso, puede «seguir conociendo» el contenido de las escuchas durante su investigación. La falta de una resolución firme al respecto fue el argumento al que se acogieron varios imputados, entre ellos Ripoll, para no declarar ante el juez el pasado diciembre. El contenido de las escuchas resulta fundamental para el caso, dado que es de las conversaciones intervenidas de las que se ha obtenido la mayoría de indicios en los que se basan los informes policiales o los escritos del fiscal.