Los abogados cancelan servicios por los que ya han cobrado

Las medidas de presión adoptadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) con el turno de oficio —como consecuencia de los retrasos en los pagos por parte del Consell— han provocado a lo largo de este mes «decenas» de quejas de jueces y numerosas suspensiones tanto de juicios rápidos como de declaraciones de detenidos.

Según el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en declaraciones a Europa Press, pese a respetar tanto la postura del ICAV como la de la Conselleria de Justicia —quienes están negociando las aportaciones económicas para el turno de oficio y el plan de pagos—, también tiene que defender los intereses de los jueces.

En este sentido, Viguer advirtió de que las últimas medidas adoptadas por el Colegio respecto a suspender los martes, desde las 10 hasta las 14 horas, el Servicio de Guardia-Asistencia al detenido, o a recortar los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) del Registro Civil, de Dependencia y el Penitenciario, entre otros, «están perjudicando el funcionamiento de los juzgados y de los ciudadanos».

Además, se trata de servicios por los que los Colegios de Abogados reciben una subvención fija que ya han cobrado. La pasada semana, la Conselleria de Justicia remitió una carta a los representantes de los letrados para que especificaran qué servicios iban a dejar de prestar para ajustar las ayudas públicas a los trabajos reales.

Lejos de frenar estas prácticas, las medidas de presión puestas en marcha por los abogados —que entraron en vigor este mes de manera provisional— están «perjudicando» a los órganos judiciales.

Al respecto, el juez decano de Valencia comentó que durante los primeros días de mes no hubo especiales incidencias, pero la situación «ha ido aumentando». Así, a medida que van pasando los días, las incidencias registradas tanto en los juzgados de Valencia como en la de otros partidos judiciales «son cada vez más numerosas». El punto culminante se alcanzó el pasado martes, cuando se recibieron numerosas quejas por parte de jueces, ya que se había tenido que suspender la celebración de juicios rápidos y las declaraciones de varios detenidos al no contar con la asistencia de un letrado de oficio.

Las quejas —que también se extienden a juzgados de Castellón y Alicante— se han presentado tanto por escrito como de forma verbal, vía telefónica, y han sido remitidas al colegio de abogados de Valencia.