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El juez imputa a otros tres ediles del PSOE por el urbanismo ilegal de Viveiro

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La denuncia por las licencias adjudicadas por silencio administrativo se amplía a dos permisos más y un estudio de detalle aprobados en 2006. Dos de los llamados a declarar forman parte del actual equipo del alcalde Melchor Roel

Día 15/02/2012

Tres miembros más del anterior equipo de Gobierno del actual alcalde de Viveiro, el socialista Melchor Roel, tendrán que comparecer como imputados ante el juez para declarar por el caso derivado de licencias urbanísticas para más de 680 viviendas concedidas en 2006 por la vía del silencio administrativo. La ilegalidad en la adquisición de estos permisos fue ratificada en diferentes instancias judiciales, lo que motivó la apertura de un procedimiento para dirimir si existieron responsabilidades penales en las concesiones. También deberá acudir en calidad de imputada la secretaria municipal Sara Martínez, a la que tanto Roel como sus colaboradores culparon del caso en sus declaraciones como imputados.

Ahora, debido a la ampliación del proceso, al añadirse a las once licencias originales diligencias por dos licencias más y la aprobación de un estudio de detalle, tendrán que testificar tres concejales mas del equipo de Roel en 2006, de los que dos siguen en su gabinete en la actualidad. Según pudo conocer ABC, se trata de la primera teniente de alcalde, María Loureiro García; Jesús Antonio Fernández Cal, hoy segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento; y la ex concejal Olga María Méndez.

Todos deberán comparecer en fechas próximas al haberse ampliado la denuncia inicial formulada por el PP, que ha presentado una extensión de la querella. A las once licencias con que se abrió el caso se suman ahora dos más y la aprobación del instrumento de planificación urbanística especificado anteriormente.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número Dos de Viveiro asume todo el caso, que incorpora los autos que antes estaban en el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, y estudiará conjuntamente las trece licencias y el estudio de detalle.

El juez imputó a la junta de gobierno de Viveiro en 2006 por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. El proceso trata de averiguar si los responsables de la corporación permitieron que empresas y particulares lograsen los permisos de construcción a través del sistema de adquisición de licencia por la vía del silencio administrativo. En este tipo de trámites, el demandante no recibe respuesta de la administración en el plazo marcado al pedir la autorización para un proyecto, y obtiene vía libre tras pagar las tasas. El equipo de gobierno empleó esta vía para dar el visto bueno a los proyectos investigados cuando el gobierno de la Xunta ya había suspendido, por decreto, las competencias urbanísticas de la corporación local, encabezada por Roel y en la que los socialistas tenían por socio al BNG.

Declaraciones anteriores

Durante las declaraciones de los cinco miembros del Ayuntamiento que han pasado ante el juez, Roel culpó en último término a la secretaria —Sara Martínez que ahora también ha sido citada como imputada—, asegurando que el equipo de Gobierno se limitaba a sancionar su postura. Por ello, el abogado de la defensa ha pedido el archivo del caso. Pero Martínez, en una declaración testifical anterior recogida por ABC, aseguró haber advertido de que se estaba dando vía libre a la construcción de edificios por la vía del silencio administrativo sin los preceptivos informes a favor, lo que invalidaría el procedimiento.

Por su parte, los exediles Rodríguez Guerreiro y Naval Parapar, del BNG, reiteraron en sus comparecencias lo que antes habían expuesto los exconcejales socialistas Fernández Amor y Docampo Fortes. Así, todos manifestaban que las once licencias de obra que acordaron permitir, en base al silencio administrativo, fueron «adquiridas» por los solicitantes sin que la secretaria municipal ni el técnico de urbanismo pusiesen ningún reparo, lo que esta niega.

Una clave del caso puede ser la intervención de Francisco Luis Rodríguez Guerreiro, edil en la localidad de Viveiro entre 1979 y 2007. Rodríguez Guerreiro manifestó en su declaración que todos los miembros de la comisión de gobierno municipal estaban al tanto del global de los informes técnicos previos, que en casos tenían sentido contrario a la concesión o incluso no existían. En todos esos casos, la falta de respuesta del Ayuntamiento motivo que los peticionarios consiguiesen el permiso.

Además de las tres denuncias presentadas por el PP en relación a este caso en los juzgados de Viveiro, los jueces recibieron en torno a la adquisición de las licencias informes de la policía judicial, de la Guardia Civil y de la Axencia Galega da Protección da Legalidade Urbanística (Aplu).

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