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Veinticinco días salvan a Garzón de su tercer juicio en el Supremo por cohecho

El instructor de los cobros en Nueva York archiva la causa aunque mantiene que el exjuez cometió un delito

Veinticinco días salvan a Garzón de su tercer juicio en el Supremo por cohecho

N. VILLANUEVA

MADRID

Por veinticinco días el ya exjuez Baltasar Garzón no se va a sentar en el banquillo de los acusados por la causa abierta contra él, la tercera en el Tribunal Supremo, por presuntos cobros irregulares durante su estancia en Nueva York. El juez que ha instruido el caso durante los últimos dos años y medio, Manuel Marchena, no ha tenido más remedio que archivarlo, al haber prescrito el delito de cohecho impropio que este mismo juez le imputó formalmente el pasado 26 de enero. El delito de cohecho prescribía a los tres años en el momento en que Garzón presuntamente lo cometió (desde la reforma de 2010 son cinco años que no tienen carácter retroactivo), y en este caso transcurrieron tres años y 25 días hasta que se presentó la querella contra él, con lo que ya no se le puede exigir responsabilidad penal.

Pero si algo ha querido dejar claro Marchena en el auto dictado ayer es que si no llega a ser por la circunstancia de la prescripción, algo que, por primera vez ha alegado la Fiscalía en esta causa, Garzón se habría sentado irremediablemente en el banquillo de los acusados si de él dependiera. Y ello porque, a juicio de Marchena, ha quedado «suficientemente acreditado» que Garzón cometió un delito de cohecho impropio cuando se valió de su cargo jurisdiccional (juez de la Audiencia Nacional) para financiar los cursos que dirigió en una universidad de Nueva York en el año 2006.

Obtuvo 1,2 millones

«El querellado contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de cursos en los que él aparecía como director. Todas tenían en común el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional (...). Mediante estas gestiones, Garzón obtuvo para la universidad que le abonaba sus honorarios, que pagaba a su asistenta personal, que cubría los gastos de escolarización de su hija y que, además, ponía a su disposición una elevada retribución en especie, la cantidad definitiva de 1,2 millones de dólares». Marchena también deja claro que la cantidad reclamada por Garzón era de 2,5 millones, pero las empresas que fueron requeridas «rebajaron la cuantía reclamada», en unos casos por el «carácter injustificado» del presupuesto que Garzón les aportó y en otros por la «falta de seriedad en la descripción de los proyectos de convenio».

Para la acusación popular, ejercida por los abogados Panea y Mazón, la conducta de Garzón se podía tipificar como extorsión, pero para Marchena no se da el elemento de la «intimidación» que requiere el delito. Eso sí, el instructor no duda en calificar el comportamiento del exjuez de «censurable estrategia de persuasión».

Último pago en mayo de 2006

Si la prescripción ha salido ahora por primera vez a la luz en esta causa abierta hace más de dos años es porque hasta el 26 de enero Garzón estaba siendo investigado también por prevaricación, un delito que prescribe a los 15 años, por lo que no había lugar a plantear esta circunstancia. Ha sido en febrero, y una vez que Marchena consideró que Garzón no prevaricó (al no abstenerse ante una querella presentada contra el banquero Emilio Botín), cuando la han alegado tanto la Fiscalía como la defensa del exjuez para pedir el archivo de la causa.

Marchena explica que el último pago a Garzón fue el del BBVA, el 17 de mayo de 2006. El delito prescribía en mayo de 2009 y la interposición de la querella contra Garzón habría interrumpido esa prescripción si se hubiera presentado antes de esa fecha. Pero lo hicieron el 12 de junio de 2009, 25 días después.

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