Garzón: «Mi conciencia está tranquila»

Con la voz aún quebrada, Garzón ha hecho un alegato final muy técnico, centrado en defender su actuación en virtud del derecho procesal y la jurisdicción existente para los casos de desapariciones forzadas. Ha resumido los dos años de trámites en su juzgado y ha concluido que su competencia provenía del delito contra altos organismos de la Nación, que forma parte de la jurisdicción de la Audiencia Nacional.

"Las denuncias contenían hechos criminales masivos, que seguían permanentes. Eran detenciones ilegales porque no se conocía el paradero de estas personas y se investigó en el contexto de crímenes contra la humanidad. Se hizo en cumplimiento del mandato judicial y dar protección a las víctimas", ha sentenciado Garzón.

Previamente, el fiscal Luís Navajas ha reclamado al tribunal la absolución del juez porque una condena tendría un "efecto devastador" para el Tribunal Supremo. "Sería recuperar un derecho penal del autor –en referencia a la acusación de Manos Limpias y a la instrucción de Varela- ; y atentaría contra la independencia de la carrera judicial", ha apuntado Navajas. Después ha añadido que no comparte las decisiones que tomó Garzón durante su investigación, "pero de ahí a afirmar que prevaricó es pura retórica y no está demostrado", ha dicho.

El fiscal, asimismo, ha recordado que "no ha tenido noticias" de que jueces de la Audiencia Nacional que apoyaron a Garzón hubieran sido objeto de una querella. Una situación que explicaría cómo Manos Limpias fue contra el juez por su persecución de dictadores iberoamericanos.

Al inicio de la jornada, el sindicato Manos Limpias ha acusado a Garzón de abrir una causa general para enjuiciar "un movimiento, una época" al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, y ha subrayado que actuó con distinto criterio cuando rechazó una querella por la matanza de Paracuellos -un suceso, el de Paracuellos, cuya autoría, según el fiscal, no ha sido probada-. El abogado Joaquín Ruiz Infante -que también ejerce la acusación en nombre de la asociación Libertad e Identidad- ha centrado su informe final ante el Tribunal Supremo en el hecho de que Garzón archivara en 1998 "en solo 24 horas" la querella presentada por las familias de las víctimas de Paracuellos y diez años después abriera una causa "por crímenes semejantes cometidos desde el otro lado".

El letrado ha añadido que, al rechazar la querella por los hechos de Paracuellos, el juez llegó a acusar de mala fe y de faltar a la deontología profesional a los abogados querellantes. En 2006, sin embargo, admitió a trámite distintas denuncias presentadas por asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica y, en contraste con la rapidez con la que fue archivada la querella anterior, "meditó durante dos años sobre su competencia", que aceptó en 2008. "¿Se quiere sostener que los hechos ocurridos en Paracuellos no son desapariciones forzosas y sí los del bando contrario? ¿Que los enterrados en unas fosas pueden acogerse al derecho internacional y los de las otras no?", ha preguntado Ruiz Infante.

Ruiz Infante ha rechazado, además, que las desapariciones denunciadas puedan calificarse como delitos de comisión permanente diciendo que todas las víctimas han muerto y ninguna sigue privada de libertad y que las declaraciones de los testigos han acreditado "que se conocen las fechas de fallecimiento e incluso el lugar aproximado de enterramiento". Para el abogado, no puede hablarse de detenciones ilegales que continúen aún hoy, sino de delitos de asesinato que habrían prescrito a los 20 años, y tampoco pueden aplicarse las leyes sobre el genocidio, que no fueron incorporadas al ordenamiento español hasta 1971. Además, ha dicho que los crímenes denunciados obedecieron "a designios políticos del bando nacional", por lo que quedaron incluidos en la Ley de Amnistía de 1977.

El representante de la acusación ha manifestado también que, con el criterio aplicado por Garzón, "hoy podríamos abrir un procedimiento por los fusilamientos del 2 de mayo" mientras no se identifique a todos los ejecutados y sus lugares de enterramiento o por cualquiera "de los desmanes cometidos en la historia de España". Al admitir las denuncias por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista, "Garzón abrió una causa general para enjuiciar un movimiento, una época", ha señalado Ruiz Infante, que ha mostrado no obstante su "respeto absoluto" por los denunciantes y su "legitimidad" para buscar la identificación y exhumación de sus familiares asesinados.