El Gobierno aragonés envía al Tercer Mundo 42 millones en seis años

Desde el año 2007 —y contando la partida reservada para este 2012— el Gobierno aragonés ha dedicado a países en vías de desarrollo 42 millones de euros que han salido de sus presupuestos anuales. Coincidiendo con la crisis económica, por tanto, el Ejecutivo regional ha canalizado a través de ONG esos recursos económicos con destino al Tercer Mundo. De hecho, ha sido justo en los años en los que más se ha acentuado la crisis cuando más dinero público ha enviado la Comunidad autónoma. Por ejemplo, en el año 2007 fueron 7,45 millones de euros, en el 2008 se elevó hasta los 8,99 millones, en 2009 se aumentó de nuevo y los fondos públicos aragoneses dedicados a cooperación al desarrollo fueron 10,15 millones de euros, y en 2010 la cifra alcanzó los 10,8 millones.

El año pasado se redujo la cantidad. A pesar del recorte, de la escalada del paro, de la avalancha de necesitados que acudieron a las puertas de las entidades benéficas aragonesas y de la delicada situación financiera de las arcas de la Comunidad autónoma, el Gobierno aragonés repartió 6,68 millones de euros en subvenciones a ONG para el Tercer Mundo. En el presupuesto del presente año, el Ejecutivo regional ha reservado una partida de 6.068.045 euros para cooperación al desarrollo. De esta cantidad, 5,63 millones de euros se repartirán en ayudas a ONG que trabajan en países en vías de desarrollo, y algo más de 300.000 euros se irán en pagar los gastos del personal de la Administración autonómica que está dedicado a cooperación con el Tercer Mundo. Esta partida presupuestaria, aun siendo de varios millones de euros en su conjunto, es considerablemente inferior a la media de los últimos años. Los recortes impuestos por la situación de las arcas autonómicas también ha afectado a este apartado.

La directora general de Acciones Exterior del Gobierno aragonés, Blanca Soláns, considera entendibles que haya quienes cuestionen estas cifras dedicadas a otros países desde la Comunidad autónoma, cuando las necesidades son crecientes y no se llega a todas ellas en el propio territorio aragonés. Aun con todo, afirma que se debe tener en cuenta que «en Aragón existe en vigor una Ley de Cooperación al Desarrollo que obliga a la Administración y que, por tanto, se debe cumplir». «Otra cosa es —indica— que se abra un debate político sobre si es necesario adecuar dicha ley al panorama actual de crisis económica». Pero ese debate político, hoy por hoy, no se ha abierto.

Proyectos del año pasado

Tras las elecciones autonómicas del año pasado y la llegada del PP al Gobierno aragonés, se mantuvo íntegra la lista de subvenciones que previamente había dictaminado el anterior Ejecutivo presidido por el PSOE. El traspaso de poderes no supuso, en este caso, un cambio de criterio al respecto, ni el cuestionamiento de la lista de proyectos que habían sido aprobados para concederles financiación. Así lo destacó el nuevo consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, cuando firmó con 32 entidades y ONG el reparto de esas ayudas, un total de 6,68 millones de euros distribuidos entre 82 proyectos en materia de cooperación internacional. El dinero fue destinado a iniciativas desarrolladas en una veintena de países en vías de desarrollo.

La lista contempló, mayoritariamente, proyectos destinados a mejorar la calidad de vida y las oportunidades socioeconómicas en regiones del Tercer Mundo, en aspectos básicos como sanidad, educación, promoción económica, infraestructuras esenciales tales como abastecimiento de agua potable... Pero también había otros, a los que se mantuvo la subvención, que resultaban más peculiares. Es el caso, por ejemplo, de los alrededor de 106.000 euros de subvención aprobados por el Gobierno aragonés para promover el poder femenino y la igualdad de género en Nicaragua. O también otro que, entre sus acciones programadas, incluía algo similar en Costa de Marfil.