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ENTREVISTA AL CONSELLER DE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL, JORGRE CABRÉ

«No estoy obligado a mantener a tres mil abogados»

El próximo 6 de febrero, reclamará al ministro de Justicia el 80% de la recaudación de las tasas «disuasorias» anunciadas por el Gobierno con el fin de destinar ese dinero a la modernización «real» del sistema judicial

I. BLASCO

Más de dos décadas en la carrera fiscal necesariamente dejan impronta en el ejercicio público de alguien que, sin embargo, se ha implicado al máximo en la tarea de hacer pedagogía política frente a la compleja situación que a diario debe afrontar el Gobierno que preside Alberto Fabra.

—Resulta obligado comenzar preguntándole por la absolución de Camps.

—Ha sido un procedimiento basado en algunos testimonios, como el de José Tomás, contradictorios y de dudosa credibilidad. El proceso se fundamentaba también en ciertos documentos que fueron tomados como verdades absolutas pero que en realidad sólo eran interpretables y, por tanto, insuficientes para acreditar las acusaciones. El jurado ha tomado en consideración los argumentos fiables y ha fijado un veredicto justo a la luz de las pruebas.

—¿Cree que la Fiscalía recurrirá?

—El recurso de casación, como sería el caso, obedece siempre a causas muy tasadas y su admisión a trámite no es sencilla. En este sentido, mi opinión como fiscal es que el Ministerio Público sopesará mucho las posibilidades de admisión antes de presentarlo, si es que lo hace.

—¿Debe pedir disculpas la acusación popular, ejercida por el PSPV?

—Se ha hablado mucho estos días de las responsabilidades políticas de Camps, pero yo apuntaría más bien a las de quienes han estado emponzoñando la vida pública de la Comunidad. No se trata de que Alarte o Luna pidan disculpas, sino de que tengan la valentía de asumir las consecuencias de sus actos, porque la exigencia al acusado debe ser extensiva a la del acusador cuando se demuestra que éste no debía haber ejercido la acusación. Así nos ahorraríamos asistir al bochorno de ver cómo el PSPV no sólo no respetó la presunción de inocencia, sino que tampoco respeta la inocencia probada y declarada.

—¿Comprende el malestar de la ciudadanía ante los recortes?

—Entiendo que la gente no nos aplauda, porque los ajustes, con ser inevitables, no gustan ni a los que los hemos tenido que tomar. Ahora toca ser muy didácticos y ver con normalidad unas protestas que constituyen un derecho incuestionable de la sociedad.

—¿Mantendrá el Consell el espíritu reivindicativo hacia el Gobierno?

—Naturalmente. Hace unos días, yo mismo reclamé a la ministra Ana Mato los retrasos de los fondos destinados a la dependencia. La solución es clara: o se incrementa la financiación o se reducen las exigencias.

—Con la que está cayendo, ¿suenan a broma las quejas de los abogados por el recorte de la subvención para el turno de oficio?

—A mí, cualquier protesta desarrollada por los cauces legales me parece justificada y puedo entender las quejas siempre que éstas sean razonables. En este sentido, veo lógico que recurran la orden, pero no tengo dudas de que, al margen de su línea de reivindicación, los colegios de abogados continuarán prestando el servicio de asistencia jurídica gratuita con las mismas exigencias de calidad de siempre. Ahí los abogados no pueden fallar a los ciudadanos.

—¿El problema es que los abogados han tomado por un salario lo que no deja de ser una subvención pública?

—Efectivamente, alguien ha confundido los términos, porque es obvio que los abogados de oficio no son funcionarios públicos ni por tanto cobran un sueldo de la Administración. La Generalitat no está obligada a sostener mediante el turno de oficio a tres mil abogados porque ahora tienen poco trabajo en sus despachos. No es mi responsabilidad hacerlo.

—¿Cobran los abogados demasiado dinero, hasta 1.500 euros, por guardia?

—Los tiempos no permiten mantener esas cantidades. El planteamiento que recogerá el decreto de reordenación del servicio que estamos preparando fijará una retribución para los abogados análoga a la del resto de los funcionarios de Justicia que prestan el servicio. En definitiva, un abogado no cobrará menos que un juez o un fiscal, pero tampoco más.

—¿Sobran abogados de oficio?

—La cuestión es que si hubiera menos, ganarían más dinero. Pero eso no es cosa mía, sino de los colegios, que son los que organizan el servicio. Lo que corresponde al Consell es ejercer el control del destino de la subvención. Si, como dicen los abogados, van a dejar de prestar los servicios de orientación jurídica, a lo mejor cabe reconsiderar la partida que se transfiere a los colegios para ese cometido.

—¿Qué le parece la reforma judicial anticipada por el ministro de Justicia?

—La música me suena bien. El establecimiento de tasas o depósitos para la segunda instancia me parece un acierto, aunque creo que hay que incidir en la primera instancia y tratar de desjudicializar algunos asuntos mediante el arbitraje, entre otros procedimientos. La finalidad de las tasas no es recaudatoria, sino disuasoria, y toda medida dirigida a reducir la litigiosidad es positiva. No obstante, el próximo 6 de febrero plantaré a Alberto Ruiz-Gallardón la conveniencia de que el 80% de esos ingresos se destine con carácter finalista a las comunidades autónomas, en proporción a la aportación de éstas al mantenimiento de la Justicia.

—¿Cuánto dinero podría suponer?

Ese dinero nos permitiría acometer de una vez por todas la modernización del sistema judicial. Además, reclamaré también el mismo porcentaje sobre las tasas ya vigentes, lo que, en este último caso y junto a la percepción de los intereses de los depósitos, podría reportarnos unos 25 millones de euros.

—¿Será esta vez posible dotar de independencia real al Poder Judicial y a la Fiscalía?

—Espero que así sea, porque Cándido Conde-Pumpido ha sido el fiscal general más sectario que he conocido.

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