Industria suspende las subvenciones a las nuevas plantas de energías renovables

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se refirió a «la situación económica y del sistema eléctrico, que arrastra un elevado y creciente de déficit de tarifa» para justificar esta medida que, en la práctica, supone una moratoria sobre las nuevas instalaciones, pero que deja intactos los proyectos que ya perciben las retribuciones o que figuran en el registro de preasignación, el paso previo para recibir las ayudas. El Ejecutivo hizo hincapié en este punto, seguramente para esquivar la oleada de acciones legales por parte de los grupos inversores y las asociaciones que agrupan a las empresas del sector: la norma no tiene «carácter retroactivo» y, por tanto, se verán excluidas las plantas que se encuentran «ya en marcha».

De poco han servido, añadió Soria, las acciones «emprendidas hasta la fecha» con las que se ha tratado de atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, esa pesada losa de más de 20.000 millones de euros que lastra los balances de las eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, entre ellas). Esas medidas, entre las que se encuentra la emisión al mercado de la deuda de las compañías con el aval del Estado mediante el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), «no han sido suficientes». Y, advierte, este solo es el primer paso. La suspensión de las primas a las renovables se incluye en un «paquete más amplio» de medidas, entre las que no se descarta ninguna opción, ni siquiera la que pudiera resultar más impopular entre los grandes operadores eléctricos, como imponer tasas a la plantas de energía hidráulica y nuclear, la mayor parte, en manos de Iberdrola y Endesa, o la modificación de la subasta mayorista en la que se vende la energía para su posterior distribución (conocida como «pool»). Los críticos —encabezados por la multinacional de energías renovables, Abengoa— denuncian que ese complejo sistema supone todos los años unos ingresos «extra» a las compañías superiores a los 3.800 millones de euros al año.

A pesar del frenazo en seco a las primas, el Gobierno reiteró su compromiso con la UE de que las energías no contaminantes deberán cubrir un 20% del consumo total en 2020. «La capacidad de generación instalada actual es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista», subrayó Soria, quien descartó, por tanto, riesgos para el suministro.

Las organizaciones que representan al sector de las energías verdes se lamentaron, casi al unísono. «Las renovables no contribuyen al déficit público, sino al contrario. Crean empleo y contribuyen al PIB, en un momento en el que el país necesita generar actividad», destacó el secretario general de la asociación de la industria termosolar (Protermosolar), Luis Crespo, en declaraciones a Ep.