Santamaría anuncia la renovación inmediata del Constitucional

El atasco en la renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE puede estar a punto de terminar. Uno de los compromisos más firmes que expresó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su primera comparecencia en el Congreso fue «proceder inmediatamente» a la renovación de las cuatro plazas del TC que caducaron en 2010, pero también a los nombramientos «urgentes» en otras instituciones que llevan meses y años a la espera de un acuerdo político. «No es ejemplar que esto haya sucedido», subrayó la vicepresidenta, quien ya ha comenzado los contactos con los grupos parlamentarios.

Santamaría, que estrenó la ronda de comparecencias de los ministros en el Congreso, confirmó también una reforma en el Consejo General del Poder Judicial, para volver al sistema previo a 1985 y que sus miembros sean elegidos por los jueces, tal y como figura en el programa del PP. Se trataría de volver al modelo que fulminó Felipe González aquel año, cuando quiso politizar el órgano de gobierno de los jueces.

En la sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional del Congreso, la vicepresidenta planteó el reto de recuperar «por completo el prestigio que merece el Tribunal Constitucional (TC), deteriorado en los últimos años». En esa línea, anunció que el Gobierno de Rajoy presentará una Ley Orgánica para garantizar que sus funciones se ajustan a las recogidas en la Carta Magna. En esa norma se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, que hubiera impedido, por ejemplo, la entrada en vigor del Estatuto de Cataluña antes de que se pronunciara el TC. El PP ya lo planteó la legislatura pasada, sin éxito.

El Ejecutivo, además, quiere redefinir el recurso de amparo, para evitar que se convierta en una instancia jurisdiccional más y cumpla su objetivo de «proteger rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles».

Santamaría también se detuvo en la futura Ley de Transparencia, que incluirá las obligaciones de un «Buen Gobierno». Anunció una reforma del Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. La respuesta será «contundente» para quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento, quienes contraigan compromisos de gasto o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación, quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones no contabilizadas y quienes no aporten la documentación requerida por los órganos de fiscalización contable.

«Austeridad» fue una de las palabras más repetidas por la vicepresidenta. Resaltó que el Gobierno ha eliminado casi un 20 por ciento de altos cargos, y ha ahorrado, solo en gastos de personal, 4,4 millones de euros. El portavoz socialista, Ramón Jáuregui, tendió la mano al Ejecutivo, pero le reprochó que no hablara de «memoria histórica».