Reitera que no sobornó a Roca y dice que la imputación le ha hecho un «daño enorme»
Rafael Gómez concluyó ayer su declaración como imputado en el caso «Malaya» con mucha más calma que la pasada semana, cuando rompió a llorar en dos ocasiones ante el tribunal y prácticamente se dedicó a contar su vida. De hecho, antes de volver a su sitio en el banquillo, pidió disculpas por sus lágrimas.
El empresario y concejal de Unión Cordobesa insistió en que no pagó sobornos al presunto cabecilla de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y se presentó como una víctima del macrosumario: «He sido uno de los detenidos a los que más ha afectado el “caso Malaya”, más que a la mayoría porque soy un hombre más o menos público; entre ocho y diez mil veces se me ha puesto de corrupto en los medios y eso me ha hecho un daño enorme».
Gómez está acusado de un delito continuado de cohecho activo y se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de cárcel y a una multa de 1,2 millones de euros. Anticorrupción sostiene que pagó dos sobornos a Roca que suman 600.500 euros, uno en junio de 2004 y otro en noviembre del mismo año, por las obras de reforma de la sede de Arenal 2000 en Marbella y para poder abrir un acceso desde los locales al paseo marítimo.
Ayer, igual que hizo durante la primera parte de su declaración, negó que hubiera sobornado al exasesor de Urbanismo y dijo incluso que esas obras no le preocupaban, que era un tema menor, y que su empresa tenía «muchos proyectos y obligaciones importantes».
Su intención era reunir a todos los empleados que tenía en la Costa del Sol en la nueva sede de Marbella y manifestó que fueron los técnicos los que se encargaron de los trámites administrativos. «A esa obra no le presté atención, tenía muchas cosas y no le di importancia a la apertura del local», apuntó. Por eso dijo desconocer si la licencia que se pidió era de obra mayor o menor, si se concedió por decreto de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, o cualquier otro detalle burocrático. Sobre el convenio firmado con el Ayuntamiento de Marbella para abrir el acceso al paseo marítimo, contó que lo firmó su hijo en la oficina de Planeamiento. «Tenía otras preocupaciones, no le puedo contestar», fue su respuesta más común en relación a este asunto.
Todo al traste
Preguntado por el abogado del Ayuntamiento marbellí, Gómez explicó que antes de adquirir la sede de Arenal había comprado un terreno en la localidad, en la zona de Elviria, para hacer unas obras que al final fueron paralizadas por la Junta. También tenía otro suelo en el que pretendía levantar cuatro chalés. Todo se fue al traste cuando estalló Malaya y se tuvo que deshacer de las dos fincas. «Tras la detención, los bancos nos cerraron las puertas y destruyeron la empresa», lamentó. Recordó que vendió parte de su patrimonio e hizo frente a una deuda de 3.000 millones.
En el turno de su defensa, lo que quiso volver a dejar claro es que no pagó sobornos a Roca y que no sabía, como declaró el exasesor de Urbanismo, que había recibido 300.000 euros de Arenal 2000 por un negocio con Francisco Pozuelo. Insistió además en el «daño» que le ha causado esta operación.