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Los impagos ponen al borde del cierre a los concertados

Las administraciones deben varias mensualidades de 2011 a más de cuatro mil colegios, que las necesitan para pagar a personal y proveedores

Día 20/01/2012

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Las palabras del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de que «pronto» se regularizarían los pagos atrasados a los colegios concertados, no han tranquilizado a un sector que se siente muy castigado.

FSIE, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, denunció la delicada situación que atraviesan los centros concertados en algunas comunidades autónomas por el impago de los conciertos y los recortes sobre sustituciones y programas educativos. Fuentes de este sindicato comunicaron ayer a ABC que calculaban en unos 4.205 los colegios afectados.

Los peores casos se estaban dando en la Comunidad Valenciana, seguida de Baleares y Cataluña. En estas zonas acumulan varios meses de retraso en el pago para el gasto de funcionamiento de los centros. «Esto ocasiona un grave perjuicio al personal de administración y servicios, cuyo salario depende de esta partida económica y, por otra parte, los centros empiezan a no tener capacidad para seguir funcionando, por lo que su cierre podría producirse de forma inminente, dejando a los alumnos sin clase y a los profesores sin empleo», destacaba Jesús Pueyo Val, secretario general de FSIE. En concreto, la Generalitat Valenciana aún no ha pagado los gastos de funcionamiento correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2011.

Con la partida de «gastos de funcionamiento», los centros concertados pagan los salarios y la seguridad social del personal de administración y de servicios, y las facturas de luz, agua, teléfono, internet, calefacción, limpieza, material didáctico, de oficina, repografía, laboratorios, talleres, mobiliario escolar y reparaciones ordinarias. Como subrayaba José María Fernández-Corredor, director de un colegio concertado alicantino, su centro no era «uno más» en la lista de acreedores de las administraciones. Y añadía: «En nuestras aulas hay niños con derecho a un servicio básico para la sociedad, como es el de la educación».

La demora de los pagos coloca en una situación insostenible en especial a los centros que tienen que pagar incluso el alquiler de los locales, puesto que corren el riesgo de desahucio.

La consejera de Educación de la Generalitat, María José Catalá, ante este panorama, ha anunciado el pago efectivo de una parte de esta deuda ya para hoy (se trataría de unos 35 millones de euros). Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), que agrupa a más de 450 centros concertados en la Comunidad, respondió con la advertencia de que no descartaba tomar «medidas de fuerza» en el caso de que no se llevara a cabo este primer pago por parte de la administración, puesto que no es la primera vez que las promesas no se cumplen.

La presidenta de ESCACV, Vicenta Rodríguez, afirmó: «El compromiso de la Consejería es pagar el tercer trimestre antes del 20 de enero y la consejera nos ha emplazado para, en reuniones posteriores, solucionar las demás deudas pendientes».

«Debe ser prioritario»

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que agrupa a centros privados y concertados, religiosos y laicos, manifestó su preocupación «por las consecuencias que en el sector educativo puedan tener las actuales circunstancias económicas» y reiteró que el sector educativo «debe ser prioritario» y que las enseñanzas concertadas ofrecen la posibilidad de prestar el servicio docente «con menor coste y con mejores resultados».

Otro sindicato independiente y de gran peso en el mundo educativo, ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), publicó que los recortes en Educación estaban llevando a que alumnos y profesores recibieran e impartieran docencia «en condiciones impropias de los tiempos en los que vivimos». El profesorado se queja de «la falta de calefacción y de materiales, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje». En concreto, apuntaba a Castilla-La Mancha. Mientras, «los políticos que nos han conducido a la crisis disfrutan de espacios calientes y lujosos».

Además, a ANPE le indignaba el paquete de recortes de la Generalitat publicado el día 10, que suponía «una nueva agresión al personal de la enseñanza y de todo el sector público y a los servicios que se prestan». En Valencia, de «la forma más fácil», es decir, sobre todo despidiendo personal, pretendían ahorrar 1.000 millones.

También FSIE apuntó que los recortes, en cuanto a las sustituciones del profesorado, se extendían por todas las comunidades autónomas. «Prácticamente no se cubren más que las bajas por maternidad y las de especialistas, y no se prevé el incremento de las plantillas, lo que obliga al profesorado a seguir teniendo una carga lectiva de 25 horas semanales».

FSIE también lamentaba «el claro incumplimiento por parte de la Xunta» de los acuerdos suscritos con los sindicatos en materia de equiparación retributiva con los funcionarios docentes. «Al igual que en Asturias y la Comunidad Valenciana, hay graves problemas para que la administración abone a los docentes la paga extraordinaria por antigüedad reconocida en su convenio colectivo». Finalmente, «de forma generalizada, la enseñanza concertada se ve discriminada en el acceso a programas como el bilingüismo o las nuevas tecnologías».

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