«No nos reunimos para blanquear dinero»

MATEO BALÍN / AGENCIAS

18/01/2012
Actualizado a las 20:32h.

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El abogado que ha logrado sentar en el banquillo a Baltasar Garzón por supuesta prevaricación, Ignacio Peláez, ha admitido hoy que acudió varias veces a la cárcel de Soto del Real (Madrid) para reunirse con los cabecillas de la trama 'Gürtel', pero sólo con la intención de preparar la defensa de su cliente, el empresario imputado José Luís Ulibarri.

Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional, ha declarado esta mañana como testigo en el juicio a Garzón, a petición de la defensa del juez, y ha asegurado que todos sus encuentros en prisión con el resto de letrados eran estrictamente laborales, no para ayudar a la trama delictiva a evadir capitales, tal y como defendió ayer Garzón. "No nos reunimos para blanquear dinero ni para obstruir la acción judicial, no era el caso, sino para preparar la estrategia de defensa", ha respondido Peláez a preguntas del abogado del juez, Francisco Baena Bocanegra.

Antes de que el querellante negara cualquier implicación con la trama corrupta, ha reconocido que se vio en prisión con José Antonio López Rubal, el primer abogado de Francisco Correa y que fue imputado por Garzón por los indicios de que estaba ayudando a evadir capitales al cabecilla de la red 'Gürtel'. Sin embargo, Peláez ha afirmado que por entonces, en febrero de 2009, no conocía la situación procesal de López Rubal.

El querellante se ha mantenido firme y ha reiterado que Garzón vulneró su derecho a la defensa con las escuchas, en tanto en cuanto la Fiscalía, la policía y el propio juez "conocían al detalle lo que iba a declarar mi cliente". Dicho de otra manera, ha asegurado que las intervenciones telefónicas fueron usadas para diligencias posteriores, algo que negó ayer Garzón.

A lo largo de la jornada ha declarado también un funcionario del Juzgado del magistrado Baltasar Garzón que se encargó en la Audiencia Nacional de la tramitación judicial del 'caso Gürtel'. Vicente Maroto ha asegurado que el juez "siempre estaba muy obsesionado con quitar todo aquello que afectase al derecho de defensa".

Maroto ha declarado también que la fiscal anticorrupción Miriam Segura fue la que advirtió al magistrado de que "había que hacer algo con las visitas a la cárcel" de los abogados a sus clientes, si bien ha precisado que no sabía si esa idea surgió de ella. El funcionario ha señalado que se acordaba "muy, muy claramente y muy bien" porque ese día, el 18 de febrero de 2009, había declaraciones en el juzgado y sólo estaba la fiscal Segura, que "siempre estaba muy tranquila, y esa tarde estaba muy nerviosa, haciendo gestos", lo que le llamó la atención y le hizo prestar atención. "Recuerdo que decía: "Baltasar, Baltasar hay que hacer algo con estas visitas a la cárcel, hay que hacer algo, hay que tomar la decisión ya", ha rememorado el funcionario.

Según ha dicho, el motivo de acordarse con tanta precisión era porque él tenía un billete para volar a Tenerife ya que se iba de vacaciones ese día y discutió con la secretaria judicial porque le dijo que no iba a irse de vacaciones "si no quedaba resuelto y organizado todo el papeleo". Ha añadido además que Garzón le indicó que iban a realizar el auto de intervención de las comunicaciones, lo que le llevó a estallar y decirle: "ya no puedo más", tras lo que ha agregado que otra persona se hizo cargo de ello porque él se fue de vacaciones.

Respecto al expurgo de las conversaciones grabadas en prisión, Maroto ha indicado que tras recibir el 31 de marzo de 2009 el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptando la inhibición, Garzón quería que la causa "estuviera al día siguiente" en el TSJM. "Él siempre estaba muy obsesionado con quitar todo lo que tenga que ver con el derecho de defensa", ha aseverado el funcionario, que ha manifestado que le preguntó al magistrado qué debía quitar y que este le dijo que se fuera a su mesa y que luego irían las fiscales "para ir diciéndole". "Imagino que en el despacho hablarían sobre lo que había que quitar o no", ha respondido Maroto a preguntas de la defensa de Francisco Correa, el letrado José Antonio Choclán, que ha insistido en saber si el magistrado estaba junto a él cuando le indicaban "lo que tenía que quitar de la pieza", a lo que ha señalado que "físicamente" sólo estaba presente la fiscal pero con "control" de Garzón.

Mientras tanto, los abogados de la acusación han elevado a definitivas su peticiones de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el magistrado.

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