Garzón, el juez juzgado

Dos años después ingresó a la primera en la carrera judicial con el número once de su promoción y tuvo su primer destino en Valverde del Camino (Huelva), para pasar luego por un juzgado de Almería y ejercer como inspector del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía hasta que, en enero de 1988, dio el salto definitivo al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Pronto comenzó a dejar huella, convirtiéndose en el primer juez español que se desplazaba a Francia para interrogar a etarras detenidos en el país galo. La banda le marcó en lo personal, con el asesinato en 1989 de la fiscal de la Audiencia Carmen Tagle, cuyo retrato estuvo presente desde entonces en su despacho.

En 1993 Garzón dio uno de esos giros que han marcado de forma determinante su biografía y entró en política, concurriendo como número dos por Madrid en la lista del PSOE a las elecciones generales que encabezó Felipe González. La decisión no dejó de sorprender, porque el Gobierno socialista se había negado a facilitarle información sobre los fondos reservados mientras instruía el 'caso GAL' y Garzón no había dudado en calificar de "aberración política" la 'Ley Corcuera'.

Eso no impidió que formara parte del Ejecutivo como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, en el que permaneció apenas diez meses: el 6 de mayo de 1994 presentó su dimisión y, tres días después, renunció a su escaño. Garzón justificó su marcha en la "actitud pasiva" de Felipe González respecto a la corrupción, pero no faltaron quienes sugirieron que fue consecuencia de no haber sido designado ministro del Interior tras la salida de Antoni Asunción motivada por la fuga del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán.

El 18 de mayo de 1994, Garzón volvía a la Audiencia Nacional y retomaba el sumario de los GAL, una investigación que cuatro años después condujo a la condena y el ingreso en prisión de, entre otros, el exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Para entonces, era el juez más conocido de España, pero su fama se hizo internacional cuando, en octubre de 1998, ordenó la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.

La noticia dio la vuelta al mundo, dio esperanza a las víctimas de las dictaduras y al sueño de una Justicia universal y convirtió a Garzón en un símbolo, hasta el punto de que en 2002 se promovió su candidatura al Premio Nobel de la Paz. Fue esa condición la que, años después, le valió una invitación de la Universidad de Nueva York para desarrollar actividades de docencia y de investigación sobre el terrorismo y le empujó a dejar otra vez su Juzgado para residir en EE UU entre marzo de 2005 y julio de 2006. Hoy, el dinero que el Banco Santander y otras entidades aportaron para financiar esos cursos está detrás de una de las tres querellas que el Supremo admitió contra Garzón y la única que aún no tiene fecha de juicio.

Además del juicio por haber ordenado intervenir las conversaciones entre varios imputados del 'caso Gürtel' -entre ellos el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa- y sus abogados en prisión, el magistrado tiene que volver al Supremo para ser juzgado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, causa en la que el magistrado se ha rodeado involuntariamente de un nutrido ejército de defensores procedentes de asociaciones de la memoria histórica y del mundo de la cultura.

Y es que, paradójicamente, su experiencia en delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, que le han valido una causa por prevaricación, le ha avalado, por contra, para recibir ofertas como la que aceptó del fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo para ocupar en el tribunal de La Haya un puesto de asesor.

Miembro del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa desde el pasado 6 de julio, Garzón también trabaja actualmente como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia.