Clemente pedirá el día 24 a Cañete una ley que garantice precios justos

24 de enero. No es San Isidro, patrón de los agricultores, sino San Francisco de Sales, pero sí es una fecha a la que el campo de Castilla y León encomienda sus aspiraciones para comenzar a labrar el surco del futuro bajo el amparo del nuevo Gobierno. Es el día en el que el nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha citado a la consejera del ramo, Silvia Clemente, para mantener una primera reunión tan sólo un mes después de llegar al cargo. Será una toma de contacto inicial, pero importante para ver la sintonía entre ambos en uno de los sectores de peso en Castilla y León. No en vano, con 100.000 empleos directos entre el sector primario y la agroindustria, aporta el 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional y en estos tiempos de crisis viene mostrando su pujanza en el tirón de la economía.

Y Clemente llegará a Madrid con la cartera cargada de asuntos, peticiones y también ofrecimientos, entre los que la reforma de la PAC ocupa el primer capítulo. 2012 será clave para el futuro de las ayudas comunitarias en el horizonte 2014-2020 y la consejera no quiere que el Gobierno pierda la ocasión de intentar modificar el criticado y rechazado documento alumbrado por la Comisión Europea.

Castilla y León, con 90.000 perceptores y 1.300 millones de euros distribuidos, se juega mucho y conoce a fondo un terreno en el que Clemente se ha mostrado muy activa buscando apoyos y alianzas incluso a nivel europeo. Así que la consejera ofrecerá su «colaboración» desde el «profundo conocimiento» para intentar modificar un texto que no gusta ni a la Junta ni a los profesionales del sector. De hecho, Consejería, organizaciones agrarias y cooperativas rubricaron un documento común con sus demandas. Unas peticiones que Clemente intentará que se tengan en cuenta en la postura que defienda en España, pues aunque el rechazo es generalizado, hay matices en las peticiones de cada territorio.

Entre las principales reclamaciones, además de mantener el presupuesto de la PAC, Castilla y León quiere que se elimine el concepto de «tasa plana» ya que el pago único por hectárea perjudicaría a la Comunidad, con un amplio abanico de producciones. En caso de mantenerse, Clemente reclama que España haga uso del modelo regionalizado estableciendo el reparto por criterios agronómicos. La apuesta por el rejuvenecimiento del campo, el cambio de la definición de agricultor activo como aquél que percibe al menos el 5 por ciento de sus ingresos de la actividad agraria y el rechazo al «greening» según está planteado son otras de las líneas que argumentarán el discurso de la consejera sobre la PAC.

Otro tema «central» que la consejera expondrá a Cañete es la petición para que el Ministerio elabore una ley que dé transparencia a la formación de los precios, «protegiendo» a los distintos eslabones de la cadena y los márgenes que recibe cada uno, modificando para ello normas de competencia y unificando los observatorios. Asunto defendido desde hace tiempo por Clemente y que adquiere especial relevancia después de una campaña hortícola que ha arrojado desequilibrios de tal calado como que las patatas multiplicasen por casi 800 su precio desde que salen de la tierra y llegan al consumidor o las cebollas por 1.600.

Muy vinculado a los precios justos está el cooperativismo (en Castilla y León hay más de 1.000 uniones con 69.000 socios), que la Junta viene fomentando para conseguir que los productores puedan negociar con más peso lo que cobran. Especial relevancia tiene en el sector ganadero para los precios de la leche. De hecho, el apoyo a la ganadería, con una mirada especial al ovino, será otro de los asuntos sobre la mesa, además de conocer las inversiones previstas por el Ministerio.