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Griñán elude pronunciarse y Canal Sur ni le pregunta

La Junta afirmó después en una nota que llegará «hasta el fondo» del asunto

J. MORILLO

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, eludió ayer pronunciarse sobre las declaraciones del chófer del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en las que afirmaba que usó dinero procedente del denominado «fondo de reptiles» de la Consejería de Empleo —con el que se pagaron los ERE fraudulentos— para comprar cocaína e «irse de fiesta» con su jefe.

El presidente no se refirió a esta cuestión en todo el día, a pesar de que durante la mañana de ayer, cuando la noticia ya había sido desvelada por ABC, mantuviera una entrevista en un programa de radio de Canal Sur. El director del programa, Tom Martín Benítez, sorprendentemente no preguntó a Griñán por una información que ha sido considerada por el resto de medios de comunicación como uno de los asuntos del día en política nacional. Por ello, el PP-A acusó a ese programa de practicar «sectarismo y partidismo».

El mutismo de Griñán se hizo extensible al Gobierno andaluz, que mantuvo buena parte del día un elocuente silencio. Por la mañana sólo habló, y a preguntas de los periodistas, la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, quien tiró de manual para considerar «gravísimo» el comportamiento de Guerrero y acusar al presidente del PP-A, Javier Arenas, de querer convertir este caso en un «espectáculo mediático».

El pronunciamiento de la Junta se produjo, finalmente, casi a las siete de la tarde. No hubo comparecencia del presidente ni de ningún consejero, sino un breve comunicado, donde la Junta insistía en los argumentos que ha mantenido en este caso. De entrada, que el Gobierno andaluz es el más interesado en llegar «hasta el fondo» del asunto, por lo que colabora con todas los requerimientos del Juzgado número 6, a pesar de que su titular, Mercedes Alaya, haya tenido que recurrir al Tribunal Supremo para obligar a la Junta a enviarle información. Y, en segundo lugar, que fue la Junta «la primera» en comunicar al Juzgado las irregularidades en esa Dirección General, cuando lo cierto que el origen de este caso es una denuncia del PP por el «caso Mercasevilla».

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